El juez federal Ariel Lijo dispuso la medida cautelar contra el exjefe de Gabinete en el marco de la causa que investiga su evolución patrimonial y ante los rumores de mudanza a Uruguay.
La situación procesal del exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó una restricción de fuerte impacto institucional. El juez federal Ariel Lijo dictó la prohibición de salida del país para el exfuncionario nacional, una resolución adoptada de urgencia durante las últimas horas del viernes. La medida judicial responde al avance de la causa penal que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y busca garantizar su sujeción al proceso ante las crecientes versiones informales que daban cuenta de una inminente mudanza familiar hacia la República Oriental del Uruguay.
Con esta disposición, el magistrado a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 determinó que Adorni no podrá abandonar el territorio argentino sin una autorización previa y expresa del tribunal. La resolución interrumpe de forma directa los planes de traslado del exvocero presidencial, cuya defensa deberá ahora notificarse formalmente de las restricciones fijadas mientras los peritos contables completan las auditorías sobre los bienes y consumos de la sociedad conyugal.
La medida cautelar se fundamentó en la necesidad de asegurar la presencia del imputado en el país ante la inminencia de nuevas medidas de prueba. El despacho del juez Lijo aclaró que, en caso de que el exjefe de ministros requiera realizar un viaje al exterior por compromisos laborales o motivos personales, estará obligado a presentar una solicitud formal detallando los motivos del desplazamiento, el destino preciso, el lugar de alojamiento y la fecha exacta de retorno, quedando la autorización supeditada al criterio exclusivo del juzgado.
Las sospechas por los gastos con tarjetas de crédito y el rol de sus empleados
La prohibición de salida del país se vincula directamente con las evidencias contables que acumuló en las últimas semanas el fiscal federal Gerardo Pollicita. La auditoría sobre el entorno de Adorni se aceleró tras comprobarse que el exfuncionario registró consumos por un total de 139 millones de pesos a través de tarjetas de crédito entre diciembre de 2023 y marzo pasado. Los peritos de la fiscalía detectaron un marcado descalce financiero, ya que las erogaciones mensuales del exvocero —que oscilaban entre los 4 y los 6 millones de pesos— superaban de manera sistemática su salario percibido, estimado en 3,5 millones de pesos hacia finales de 2025.
La investigación judicial puso bajo la lupa una presunta estructura de ocultamiento que involucra a personal de su extrema confianza. En el expediente constan transacciones por más de 5,1 millones de pesos canalizadas mediante tarjetas de crédito de empleados directos de la Jefatura de Gabinete y la Vocería Oficial. El Ministerio Público Fiscal sospecha que la utilización de plásticos a nombre de subalternos tenía como objetivo eludir los controles de la Oficina Anticorrupción y camuflar la adquisición de bienes tecnológicos suntuarios y servicios de alta gama.
El avance de la causa sumó declaraciones testimoniales que convalidaron la hipótesis de la fiscalía. Ante el Tribunal Oral Federal Nº 7, la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, confirmó bajo juramento haberle prestado su tarjeta de crédito personal a Adorni para la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, valuado en 2.184.999 pesos. Según la testigo, el exjefe de ministros le restituyó el importe total en dinero en efectivo, una operatoria que se habría repetido con otros colaboradores como Luis Aluju y Gisela Kocsis para la compra de electrodomésticos y proyectores de video.
Reformas en dólares y el peritaje definitivo de la Dafi
Al complejo entramado de los consumos con tarjetas de crédito se añaden sospechas por importantes pagos en efectivo vinculados a la infraestructura patrimonial del exfuncionario. El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia haber percibido la suma de 245.000 dólares en mano por las refacciones edilicias realizadas en la vivienda familiar que Adorni posee en el barrio privado Indio Cua, situado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. La magnitud de la obra y el uso de moneda extranjera en efectivo profundizaron las dudas sobre el origen de los fondos utilizados durante su etapa en el sector público.
Para determinar el curso de la acción penal, el juez Lijo y el fiscal Pollicita aguardan el resultado del informe técnico definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi). Este organismo técnico de la Procuración General de la Nación se encuentra analizando las declaraciones juradas, las cuentas bancarias y los registros fiscales tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti, con el fin de establecer si existe una justificación contable para el crecimiento de sus activos y el nivel de vida exhibido.
Una vez que el dictamen de la Dafi sea remitido al juzgado, la fiscalía procederá a intimar formalmente al exjefe de Gabinete para que realice el descargo patrimonial correspondiente. El delito de enriquecimiento ilícito contempla una inversión de la carga de la prueba, lo que obliga al imputado a demostrar la licitud de sus ingresos. En caso de que las explicaciones de la defensa no resulten verosímiles o carezcan de documentación respaldatoria, el fiscal Pollicita solicitará la declaración indagatoria de Adorni, un paso previo al procesamiento formal en una causa que afecta el núcleo del discurso de transparencia de la gestión libertaria.
De acuerdo con información difundida por: C5N
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.