El Gobierno firmó el contrato para privatizar la Hidrovía por 25 años
El Ministerio de Economía formalizó la transferencia de la Vía Navegable Troncal al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, lo que activa una rebaja inmediata del 13,5% en los peajes fluviales.
El Gobierno nacional concretó este martes la privatización más importante de la gestión de Javier Milei al firmar el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida históricamente como la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El Palacio de Hacienda detalló que el consorcio adjudicatario, integrado por la compañía belga Jan de Nul y la firma local Servimagnus, cumplió con las exigencias legales previas, incluida la constitución de la firma Vía Navegable Argentina S.A. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema regulatorio, se aplica de forma automática una reducción del 13,5% en la tarifa del peaje para el transporte de cargas, que desciende de 4,30 dólares a 3,80 dólares por tonelada de registro neto.
Para el Poder Ejecutivo, la firma del documento representa la culminación de un proceso licitatorio internacional de alta complejidad técnica que no registró impugnaciones por parte de las empresas competidoras. Desde el ámbito oficial destacaron que la desregulación del sistema portuario agilizará los tiempos de navegación y mejorará la competitividad de las exportaciones primarias del país, en un canal estratégico por donde circula aproximadamente el 80% del comercio exterior de la Argentina.
Modernización técnica y plan de obras en el río Paraná
El pliego definitivo de la concesión establece que la nueva operadora privada deberá asumir un plan de inversiones enfocado en la profundización paulatina del calado y en la renovación de la infraestructura de señalización. Las tareas de dragado prioritarias se concentrarán en el tramo comprendido entre Timbúes y el Océano Atlántico, además de avanzar con la apertura y mantenimiento operativo de los canales secundarios Paraná Bravo, Guazú y Talavera.
La incorporación de tecnología orientada al registro hidrométrico en tiempo real y el rediseño de las ayudas a la navegación aérea y satelital forman parte de las obligaciones contractuales inmediatas. Los técnicos del Ministerio de Economía estiman que las mejoras operativas permitirán que los buques de gran porte completen sus cargas en los puertos fluviales de origen sin la necesidad de realizar paradas logísticas complementarias, disminuyendo los costos operativos globales de las terminales.
"La privatización marca el fin de la etapa estatal de gestión de la estratégica vía para dar paso a una nueva era de inversión privada", señaló el comunicado del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo.
Impacto logístico y el respaldo de las cámaras exportadoras
La resolución de la licitación y la posterior firma del contrato obtuvieron una recepción favorable por parte de los principales actores del complejo agroindustrial del Gran Rosario y el litoral. La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC) y la Cámara de Puertos Privados y Comerciales calificaron el cierre del proceso como un paso histórico para el ordenamiento de la infraestructura logística nacional.
Los representantes de las terminales portuarias enfatizaron que la previsibilidad contractual por 25 años neutraliza la incertidumbre operativa que afectaba al sector desde el vencimiento de la concesión original en 2021. Las empresas exportadoras proyectan que la rebaja arancelaria del 13,5% impactará de manera positiva en los márgenes de utilidad de la cadena de valor agrícola, facilitando la colocación de granos, harinas y aceites en los mercados internacionales de alta demanda.
El volumen de facturación estimado para el corredor logístico se ubica entre los 200 y los 300 millones de dólares anuales, fondos que pasarán a ser administrados por la sociedad concesionaria para costear las tareas de mantenimiento sin requerir subsidios o aportes del tesoro nacional. Las autoridades estiman que las proyecciones de ingresos globales del sistema alcanzarán los 15.660 millones de dólares hacia el vencimiento del plazo fijado en el documento de adjudicación.
El trasfondo político de la adjudicación y los controles fronterizos
La firma del contrato se efectivizó bajo el amparo de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el organismo descentralizado creado para supervisar la actividad portuaria federal.
El acuerdo definitivo incluye cláusulas de cooperación institucional destinadas a reforzar las inspecciones de seguridad y la lucha contra el delito complejo en la frontera fluvial. La empresa adjudicataria deberá facilitar soporte técnico y conectividad para los sistemas de control que implementen las fuerzas de seguridad federales, buscando optimizar la fiscalización aduanera y el monitoreo de los cargamentos de cabotaje e internacionales en toda la extensión de la vía troncol.
El éxito del nuevo modelo de gestión privada dependerá del cumplimiento efectivo del cronograma de obras en los sectores considerados críticos por los prácticos del río. En términos institucionales, la privatización de la Hidrovía consolida el programa de retiro del Estado de las áreas productivas que promueve la Presidencia de la Nación, transfiriendo el riesgo operativo de la principal arteria comercial argentina al financiamiento privado internacional.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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