El gobierno de Santa Fe definió la empresa que controlará las licencias médicas y el ausentismo estatal

La firma SML Consultores Médicos quedó a las puertas de la adjudicación del nuevo sistema que unificará la salud laboral de 150.000 agentes públicos a partir de septiembre.

El Ministerio de Economía de Santa Fe completó un paso decisivo en la reforma del control del empleo público al realizar la apertura de la oferta económica para la gestión de las carpetas médicas y los accidentes de trabajo de toda la administración provincial. La firma SML Consultores Médicos, una compañía especializada en auditoría de salud vinculada al Grupo Werthein, resultó la única oferente en la licitación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal). Al comprobarse que los costos per cápita propuestos se encuadran en los márgenes presupuestarios permitidos por el Estado, el Ejecutivo santafesino prevé firmar el acta de preselección en las próximas horas, lo que activará un plazo técnico de 60 días para la implementación efectiva del servicio en todo el territorio provincial.

La reconfiguración del esquema sanitario laboral representa una de las apuestas políticas más complejas de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, orientada a centralizar el seguimiento de las bajas por enfermedad en los ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas. El nuevo diseño administrativo, cuya puesta en marcha formal se proyecta para el mes de septiembre, absorberá funciones que actualmente se encuentran dispersas en cinco subsistemas estatales diferentes y que generaban una severa fragmentación en la trazabilidad de los datos. Desde el plano operativo, la prestataria privada asumirá desde la primera notificación del agente público hasta la derivación integral ante patologías leves de corta duración, una tarea que hasta el momento recaía sobre la estructura de la obra social provincial (Iapos).

Las claves tecnológicas y los cinco módulos del nuevo esquema de salud laboral

El núcleo del Sipsal radica en el abandono definitivo del actual modelo de autogestión, donde el empleado público concentraba la carga burocrática de la justificación de su inasistencia. Bajo el sistema vigente, un trabajador estatal debe dar aviso a su repartición dentro de las primeras dos horas de su jornada laboral, asistir a un centro asistencial, obtener un certificado en papel, gestionar el estampillado correspondiente y presentarlo físicamente ante su oficina de personal en un lapso no mayor a las 72 horas. El esquema licitado reemplaza este circuito analógico por un canal digital unificado a través de aplicaciones móviles, plataformas de mensajería instantánea y líneas de atención telefónica automatizadas.

El funcionamiento del nuevo servicio de control y asistencia médica se estructurará a partir de cinco módulos operativos complementarios:

• Plataforma tecnológica y servicio operativo: Espacio digital encargado de la trazabilidad completa del historial médico del agente, garantizando la integración de datos en tiempo real.

• Control médico domiciliario y consultorios: Red de profesionales encargados de constatar las afecciones en el domicilio del trabajador o mediante centros de atención primaria distribuidos geográficamente.

• Telemedicina y derivaciones: Instancia de evaluación remota inicial que permitirá a un profesional médico interrogar al operario, prescribir la cantidad de jornadas de reposo y asignar turnos en clínicas privadas adheridas si fuera necesario.

• Gestión de enfermedades de largo tratamiento y salud mental: Módulo especializado para abordar las licencias extendidas, con especial foco en las patologías psiquiátricas, uno de los principales focos de conflicto en la planta estatal.

• Auditoría de accidentes de trabajo y prevención: Unidad estadística destinada a registrar los siniestros laborales para diseñar políticas de seguridad e higiene específicas para cada área de gobierno.

Un cronograma por etapas que busca reducir cinco puntos de ausentismo

El Ministerio de Economía detalló que la implementación del Sipsal se realizará de forma progresiva para evitar cuellos de botella en la atención de una masa laboral que alcanza los 150.000 usuarios potenciales. El cronograma trazado por las autoridades estipula que el primer grupo en ingresar al control privado estará conformado por los agentes de la Fiscalía de Estado, la Administración Provincial de Impuestos (API), el Catastro y la exDipos. En las etapas subsiguientes se incorporarán los profesionales universitarios de la sanidad, seguidos por el cuerpo docente y, en la fase final de despliegue, la totalidad de los efectivos de la Policía de Santa Fe.

El objetivo central trazado por la administración santafesina consiste en reducir el índice de ausentismo global del Estado provincial, que actualmente promedia el 15%, para estabilizarlo en una tasa máxima del 10% durante los dos primeros años de vigencia del contrato de prestación. El argumento oficial señala que la falta de estadísticas unificadas impedía discernir entre afecciones reales, siniestros mal encuadrados y abusos reglamentarios. Al centralizar los diagnósticos en una sola base pericial, el gobierno busca cortar los circuitos de emisión de certificados irregulares y garantizar que los agentes que sufren accidentes de trabajo reciban tratamientos de rehabilitación adecuados para una reinserción laboral efectiva, evitando que traten sus lesiones como patologías comunes a través de efectores públicos saturados.

El debate por la tercerización del servicio y la viabilidad económica

La decisión de delegar en un único operador privado el control de la salud del personal público generó fricciones inmediatas con las organizaciones gremiales de la provincia. Desde la seccional Rosario de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron con dureza los pliegos de la licitación, calificando la medida como una privatización encubierta de la medicina laboral y un retroceso en los derechos de los asalariados. La conducción sindical argumentó que el software y la red de prestadores poseen un enfoque netamente punitivo y mercantilista, diseñado para recortar licencias legítimas en lugar de mejorar las condiciones de los puestos de trabajo.

Frente a los cuestionamientos por la existencia de un solo oferente en la licitación, las autoridades del área económica explicaron que las condiciones técnicas del pliego excluían de forma natural a las firmas medianas del sector de la auditoría médica. La empresa adjudicataria debe acreditar la capacidad operativa para desplegar una red de clínicas, consultorios y médicos domiciliarios con cobertura garantizada en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, incluyendo traslados sanitarios y visitas presenciales en localidades rurales periféricas donde la infraestructura privada es escasa.

Por otra parte, la provincia ratificó que mantendrá bajo su tutela exclusiva la cobertura indemnizatoria ante incapacidades y fallecimientos, descartando la contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) tradicional. Los equipos técnicos ministeriales concluyeron que, debido a la ausencia histórica de estadísticas fiables sobre siniestralidad laboral en Santa Fe, las primas comerciales que exigirían las compañías de seguros privadas para cubrir a 150.000 agentes representarían un costo fiscal altísimo e inviable para las arcas públicas. De este modo, SML Consultores Médicos operará como un auditor y prestador asistencial de salud, mientras que el Estado provincial continuará funcionando como su propio autoasegurador financiero.

---

De acuerdo con información difundida por: La Capital