El gobierno de Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte

El ministro Cococcioni confirmó que la provincia pagará la defensa privada de los seis agentes detenidos en la capital.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe adoptó una postura de abierta confrontación legal frente a la imputación penal que pesa sobre seis agentes de la Policía santafesina, investigados por el presunto delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de Mauro Daniel González. El titular de la cartera, Pablo Cococcioni, confirmó que el Poder Ejecutivo asumirá el financiamiento de los honorarios de los abogados particulares elegidos por los uniformados. La decisión política introduce un fuerte elemento de tensión institucional con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la víspera de la segunda audiencia de imputación.

La intervención del gobierno santafesino expone una marcada preocupación por los criterios de calificación penal aplicados por los fiscales en casos que involucran el uso de la fuerza pública. El propio gobernador Maximiliano Pullaro instruyó a su gabinete técnico para monitorear el expediente con extrema prudencia, bajo la premisa de resguardar el principio de inocencia del personal policial. Desde la perspectiva de la Casa Gris, las imputaciones por violencia institucional suelen acompañarse de un impacto público desproporcionado que paraliza las carreras administrativas antes de contar con un veredicto definitivo.

La muerte de González se produjo en el norte de la ciudad de Santa Fe, luego de una aprehensión civil en el barrio Yapeyú que derivó en su traslado a la comisaría 8ª. Los uniformados implicados rechazaron la asistencia del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para volcarse hacia el patrocinio de bufetes privados. Ante esta determinación, el Estado provincial resolvió cubrir los costos de los honorarios mediante un sistema de reintegros contra facturación, argumentando la necesidad de garantizar la máxima confianza técnica en un proceso judicial donde los imputados arriesgan penas de prisión perpetua.

Cuestionamientos a la calificación legal y antecedentes judiciales

El ministro Cococcioni justificó el respaldo financiero y técnico a los policías cuestionando de manera directa la tipicidad penal seleccionada por el fiscal de la causa, Ezequiel Hernández. Para el funcionario, encuadrar el fallecimiento del detenido bajo la figura de torturas seguidas de muerte representa un estándar normativo con exigencias probatorias sumamente rigurosas que no suelen consolidarse durante las etapas de juicio oral. Según la mirada del Ministerio de Seguridad, este tipo de imputaciones de máxima gravedad actúan como una pena anticipada para el personal policial implicado.

"Una imputación de ese calibre es punitiva en sí misma. Todo muy lindo, pero después hay que probarlo", sentenció el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Para fundamentar la desconfianza oficial hacia los criterios del MPA, las autoridades provinciales recordaron procesos judiciales de gran impacto público que culminaron en absoluciones tras años de tramitación. Cococcioni citó expresamente los casos de Franco Casco y María de los Ángeles Paris, investigaciones por presunta violencia institucional en Rosario que terminaron con el desprocesamiento o la absolución de las dotaciones policiales investigadas. En el caso de Casco, la Justicia federal anuló el primer fallo absolutorio dictado en 2023, manteniendo la causa sin sentencia firme tras casi una década de parálisis administrativa para 19 agentes de la fuerza.

Desconfianza histórica en la defensa pública y control fiscal

El financiamiento estatal de defensores particulares también se fundamenta en lo que el oficialismo considera un sesgo ideológico histórico dentro del sistema de defensa pública provincial. Aunque Cococcioni aclaró que mantiene una valoración positiva de la gestión actual del servicio, recordó que durante sus primeros seis años de funcionamiento el organismo mantuvo resoluciones internas que prohibían explícitamente a sus defensores oficiales asumir la representación de policías imputados en causas de violencia institucional. Este antecedente corporativo genera recelos entre el personal subalterno al momento de enfrentar procesos penales complejos.

El ministro insistió en la necesidad de controlar la labor de las fiscalías especializadas para evitar lo que denominó anomalías procesales de gravedad. El funcionario criticó que la causa por la muerte de Mauro González permaneciera sin medidas de investigación sustanciales durante seis meses, para luego derivar de manera sorpresiva en las órdenes de arresto contra los seis uniformados. Desde la gobernación sostienen que la espectacularidad de los operativos de detención iniciales rara vez se condice con los elementos de prueba que la fiscalía logra sostener durante las audiencias de debate.

Las circunstancias de la muerte de Mauro González en el barrio Yapeyú

El hecho que originó el conflicto institucional ocurrió el sábado 17 de enero de este año. Mauro Daniel González, de 35 años, fue arrestado por una patrulla en la puerta de su vivienda en el barrio Yapeyú, luego de que un llamado a la central de emergencias 911 alertara sobre presuntos disturbios en la vía pública. Tras la aprehensión, el sospechoso pasó por diferentes dependencias operativas hasta quedar alojado temporalmente en los calabozos de la comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con los registros de la seccional, la Fiscalía en turno dispuso la posterior liberación de González tras constatar que no existían impedimentos legales vigentes ni flagrancia delictiva que justificara mantener la restricción de su libertad. Sin embargo, durante la madrugada del domingo siguiente, las guardias de la comisaría advirtieron que el detenido no respondía a los estímulos físicos en el interior de la celda. El personal médico convocado al lugar constató de forma inmediata que el hombre había fallecido dentro de la jefatura policial, lo que motivó el inicio de la pesquisa interna y el apartamiento de la dotación que intervino en el procedimiento.

El impacto institucional de la medida en las fuerzas de seguridad

La decisión del gobierno de Santa Fe de financiar los honorarios legales busca enviar una señal de respaldo hacia el personal policial que cumple funciones operativas en el territorio. Tanto Pullaro como Cococcioni coinciden en que los agentes que cometen delitos en ejercicio de sus funciones deben ser separados de sus cargos de manera definitiva. No obstante, remarcan que el Estado provincial tiene la obligación de evitar el desamparo patrimonial de los policías frente a acusaciones penales que consideren apresuradas o carentes de sustento fáctico inicial.

La medida abre un debate sobre la asignación de fondos públicos para el patrocinio privado de funcionarios investigados por violaciones a los derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil y bloques de la oposición parlamentaria analizan los límites legales de las resoluciones del Ministerio de Seguridad, advirtiendo que el financiamiento estatal podría vulnerar la neutralidad de los poderes del Estado frente a las víctimas de violencia institucional. El desenlace de las próximas audiencias de imputación en los tribunales de la capital santafesina definirá si los seis policías transitarán el proceso penal bajo prisión preventiva o si la justicia morigerará las calificaciones de la fiscalía.

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De acuerdo con información difundida por: La Capital