El Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantendrá su custodia oficial

El sucesor en la Vocería Presidencial, Adrián Ravier, ratificó la medida por razones de seguridad y descartó una auditoría interna en la Casa Rosada.

El Poder Ejecutivo nacional ratificó de forma oficial que el exjefe de Gabinete de la Nación y exvocero presidencial, Manuel Adorni, continuará bajo el amparo del sistema de protección del Estado. La resolución administrativa dispone la extensión por tiempo indeterminado de la custodia policial que lo acompañó durante sus meses de gestión frente al área de comunicación y el posterior manejo de la jefatura de ministros.

La ratificación de la medida de seguridad se produce en un escenario de fuerte debate público e institucional en torno a la figura del exfuncionario. Las autoridades nacionales justificaron la continuidad del despliegue logístico y del personal de las fuerzas federales asignado sobre la base de informes técnicos de riesgo y análisis de inteligencia que desaconsejan retirar el blindaje operativo que resguarda la integridad física de Adorni y la de su entorno familiar directo.

Los argumentos del Ejecutivo y el rol de la nueva Vocería Presidencial

El encargado de formalizar el anuncio oficial fue el flamante vocero de la Presidencia de la Nación, Adrián Ravier. En su habitual contacto diario con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario despejó los rumores que circulaban en las sedes ministeriales respecto a un posible recorte en los gastos de representación y seguridad del exjefe de Gabinete, remarcando que las decisiones de su cartera se ajustan a protocolos técnicos preestablecidos.

Ravier ratificó que Manuel Adorni mantendrá la custodia oficial que le correspondía como funcionario público exclusivamente "por motivos de seguridad". La vigencia del esquema de protección civil y militar se mantendrá bajo la órbita de las carteras federales correspondientes, las cuales supervisan la asignación de recursos y el movimiento de los vehículos blindados asignados al exvocero, cuyo nivel de exposición pública creció exponencialmente en el último año.

"Existen protocolos estrictos que rigen la seguridad de quienes han desempeñado cargos de altísima relevancia institucional y cuyas decisiones o declaraciones los han expuesto a situaciones de vulnerabilidad potencial", señalaron fuentes gubernamentales al ser consultadas por los costos operativos que demanda el mantenimiento de la estructura de custodia que continuará custodiando los traslados del periodista y docente universitario.

El rechazo a la auditoría interna por el presunto desvío de fondos públicos

De manera simultánea a la confirmación de las medidas de protección personal, el sucesor de Adorni fijó la postura definitiva de la administración central respecto a la procedencia de investigaciones administrativas internas dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. El Gobierno descartó de plano la posibilidad de que se inicie un proceso de auditoría o revisión contable de oficio contra la gestión del periodista en las dependencias oficiales.

La negativa a motorizar un expediente administrativo interno en las oficinas de la Casa Rosada busca encapsular el conflicto en los estrados judiciales del barrio porteño de Retiro. Ravier enfatizó que la administración no utilizará los recursos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ni de las unidades de auditoría interna para revisar las compras y los contratos firmados durante el período en que Adorni encabezó la estrategia comunicacional del oficialismo.

"La gestión ministerial se ha desarrollado bajo los parámetros de transparencia de la ley nacional de administración financiera, y no consideramos necesario duplicar procedimientos que ya forman parte de la rutina anual del control externo del Estado", explicaron desde las oficinas de la Jefatura de Gabinete, marcando una clara distancia institucional frente al avance de los requerimientos de información que cursan las fiscalías ordinarias.

El avance de las pericias en la causa judicial de Comodoro Py

La decisión del Gobierno de sostener la custodia del exfuncionario y descartar medidas internas coincide con un momento de definiciones operativas en el fuero penal federal. La investigación judicial que encabeza el fiscal Gerardo Pollicita por el presunto delito de enriquecimiento ilícito ingresó en una fase clave tras la incorporación de los resúmenes de gastos que detallan transacciones bancarias por un total de 139 millones de pesos con tarjetas de crédito.

Los peritos judiciales concentran sus tareas en determinar si las erogaciones mensuales que oscilaban entre los 4 y los 6 millones de pesos mensuales guardan la debida correspondencia con el salario de 3,5 millones de pesos que percibía el exjefe de ministros hacia finales del período fiscal anterior. El descalce financiero constituye el eje central sobre el cual la fiscalía estructurará los términos de la imputación formal de la causa.

Asimismo, los tribunales federales continúan con la recepción de testimonios de los colaboradores directos de la Secretaría de Medios y de la Vocería. La ratificación judicial de que el exjefe de Gabinete utilizó plásticos y perfiles de plataformas comerciales de sus propios subalternos para efectuar transacciones de insumos informáticos avanzados y electrodomésticos aceleró los plazos periciales y forzó a las defensas técnicas a revisar sus estrategias de cara a las próximas semanas.

Consecuencias institucionales de la continuidad de los beneficios de Estado

La permanencia de la custodia estatal para exfuncionarios reaviva de forma recurrente las discusiones en torno al uso de los recursos presupuestarios en los períodos de contracción económica generalizada. El decreto general que regula los esquemas de protección para exmandatarios y ministros estipula que la duración del beneficio debe evaluarse de forma periódica mediante dictámenes que ponderen la existencia de amenazas fehacientes o factores de vulnerabilidad social derivados del cargo.

El oficialismo defiende la medida argumentando que discontinuar la cobertura de seguridad de Manuel Adorni generaría un antecedente institucional perjudicial para los actuales cuadros de gobierno, quienes deben tomar determinaciones de gestión con la certeza de que su resguardo personal estará garantizado tras el cese de sus funciones. La persistencia de las patrullas fijas en sus domicilios particulares y los esquemas de escolta en la vía pública mantendrán su vigencia regular.

El dictamen definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi), largamente esperado por el juzgado de instrucción a cargo del magistrado Ariel Lijo, fijará el curso de las próximas decisiones en el expediente penal. Mientras la justicia evalúa los activos y las refacciones edilicias en la provincia de Buenos Aires, la estructura política del Gobierno opta por garantizar el blindaje físico de su exvocero, remitiendo la discusión de su patrimonio al estricto análisis de las pruebas contables.

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De acuerdo con información difundida por: C5N