El Gobierno presentará una reforma para sancionar penalmente la emisión monetaria
El Poder Ejecutivo ultima los detalles de una nueva Carta Orgánica para el Banco Central que prohibirá el financiamiento al Tesoro y tipificará la creación de dinero como delito de estafa.
El presidente Javier Milei ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con una reestructuración profunda del sistema financiero argentino mediante el envío de un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El anuncio del jefe de Estado se conoció en el marco de una serie de definiciones de política económica que buscan consolidar el programa de estabilización monetaria y desregulación financiera. De acuerdo con los lineamientos del Palacio de Hacienda, el nuevo texto legal tiene como propósito derogar la flexibilización de las funciones de la autoridad monetaria que fuera aprobada por el Congreso de la Nación en el año 2012, restituyendo el mandato único de defender el valor del signo monetario local.
Para coordinar la redacción final del articulado, el mandatario pautó una reunión de trabajo en la Quinta de Olivos junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
El fin del mandato múltiple y el regreso a la disciplina monetaria
La propuesta del oficialismo apunta de forma directa contra el esquema normativo vigente desde la reforma de 2012 impulsada durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad. Aquella modificación legal sustituyó la obligación primordial de preservar el valor de la moneda por un mandato múltiple que incorporó objetivos vinculados a la promoción del empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.
Bajo la nueva normativa que diseña el Poder Ejecutivo, el Banco Central perderá de manera definitiva las facultades legales para otorgar asistencia financiera directa o indirecta al fisco. El articulado contemplará penalidades específicas para aquellos funcionarios que violen la independencia de la institución o ejecuten transferencias de utilidades contables ficticias hacia la Tesorería General de la Nación, una práctica habitual en la administración de las finanzas públicas de las últimas décadas.
El cambio de matriz jurídica asimila el funcionamiento del BCRA al de economías de la región como la de Perú, cuya Constitución y Ley Orgánica prohíben estrictamente el financiamiento estatal desde la década de 1990. La Casa Rosada confía en que este blindaje normativo actúe como una señal de previsibilidad ante los organismos multilaterales de crédito y los fondos de inversión internacionales, garantizando de forma permanente la irreversibilidad del orden fiscal y el freno definitivo a la dinámica inflacionaria.
Mecanismo de emergencia y el diseño del bloqueo administrativo
La reforma institucional que impulsa el oficialismo contempla además la creación de un mecanismo de reestructuración automática del gasto público inspirado en el modelo de paralización de actividades gubernamentales —conocido técnicamente como "shutdown"— que rige en los Estados Unidos. Esta herramienta legal se activará si el Congreso de la Nación no aprueba un presupuesto equilibrado o si las partidas asignadas superan la recaudación efectiva del Estado, impidiendo la utilización de herramientas de emisión espuria.
"Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado", señalaron fuentes gubernamentales para explicar la rigidez de la regla fiscal que se pretende incorporar. El sistema obligará a la administración pública a suspender el financiamiento de áreas no esenciales y a priorizar el pago de los compromisos de deuda soberana y las prestaciones básicas de seguridad social, anulando cualquier posibilidad de auxilio financiero por parte de la autoridad monetaria emisora de papel moneda.
En el plano judicial, la asimilación de la emisión a las figuras de estafa y falsificación contempladas en el Código Penal implicará que tanto los directores del Banco Central que autoricen las transferencias de fondos como los funcionarios del Poder Ejecutivo que las soliciten queden sujetos a penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) aportarán los parámetros técnicos para mensurar el daño patrimonial generado al valor de la moneda.
Las negociaciones en el Congreso y el sendero legislativo
Pese al impacto político del anuncio presidencial, el texto definitivo del proyecto de ley ingresará formalmente por la mesa de entradas del Senado de la Nación en el corto plazo. El bloque oficialista de La Libertad Avanza, bajo la coordinación de sus principales espadas legislativas en la Cámara Alta, inició los primeros sondeos informales con las bancadas aliadas y el peronismo dialoguista para asegurar el número de voluntades necesarias para abrir el debate en las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda.
Las principales objeciones de los sectores de la oposición técnica radican en el alcance de las sanciones penales y en la rigidez de los adelantos transitorios frente a escenarios imprevisibles de catástrofes naturales o crisis sanitarias internacionales. Consultores del sistema financiero advierten que la efectividad de la ley dependerá de la profundidad con que se logre sancionar el articulado, dado que una reforma de mayoría simple en el Congreso podría ser revertida por futuras composiciones parlamentarias si no cuenta con un amplio consenso político y social de mediano plazo.
El relanzamiento de esta iniciativa parlamentaria coincide con un saneamiento integral de los pasivos remunerados de la autoridad de la autoridad monetaria mediante la recompra de Letras Intransferibles por parte de la Tesorería, maniobra que redujo la deuda del sector público en términos del Producto Bruto Interno (PBI). De este modo, la reforma de la Carta Orgánica representa el cierre institucional de una etapa de saneamiento del balance bancario, orientada a recuperar de forma definitiva la convertibilidad y la estabilidad de precios en el mercado interno.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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