La resolución judicial desplaza a los abogados de las víctimas y deja el impulso de la causa exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, un escenario que la Casa Rosada seguía con extrema atención.
El juez federal a cargo del caso $LIBRA dictó una resolución de alto impacto político y judicial al ordenar el apartamiento de los abogados querellantes que representaban a los damnificados por la presunta estafa financiera. La medida interrumpe la estrategia de los particulares que buscaban profundizar la investigación sobre los nexos políticos del entramado de inversiones y deja la continuidad del expediente bajo el control exclusivo del Ministerio Público Fiscal, modificando el equilibrio de fuerzas en los tribunales de Comodoro Py a las puertas del inicio de la feria judicial de invierno.
La resolución se notificó tras una serie de presentaciones técnicas en las que las defensas cuestionaron la legitimidad procesal y la unificación de las representaciones de las víctimas. Con este fallo, el juez hizo lugar a los planteos que buscaban limitar la capacidad de los particulares para proponer medidas de prueba independientes y solicitar declaraciones indagatorias, una decisión que la conducción del Ministerio de Justicia de la Nación, coordinada por el ministro Mariano Cúneo Libarona y su equipo técnico, evaluaba como un paso indispensable para estabilizar el frente judicial del oficialismo.
El desplazamiento de los querellantes altera de forma drástica el ritmo de la causa, ya que eran estos equipos de abogados quienes aportaban los flujos de documentación y peritajes informáticos sobre las billeteras virtuales utilizadas para la captación de fondos. A partir de esta resolución, la responsabilidad de formular nuevos requerimientos y de sostener las imputaciones recae únicamente en la fiscalía de Eduardo Taiano, un funcionario que arrastra cuestionamientos por parte de las asociaciones de víctimas, quienes expresaron sus dudas respecto a la celeridad que se le imprimirá a las futuras líneas de investigación.
El objetivo de la Casa Rosada y la estrategia de contención legal
La resolución judicial se alinea con la estrategia de contención que se diseñó en los despachos oficiales desde el momento en que el caso $LIBRA comenzó a ocupar espacio en la agenda pública. Fuentes de los tribunales federales coinciden en señalar que desvincular penalmente a los hermanos Javier y Karina Milei de las derivaciones de la presunta estafa constituía el objetivo prioritario encargado a las máximas autoridades del área jurídica del Poder Ejecutivo, quienes seguían con preocupación la posibilidad de que los querellantes solicitaran medidas intrusivas sobre los entornos digitales de los colaboradores oficiales.
La preocupación del oficialismo radicaba en que las ramificaciones del expediente amenazaban con transformarse en una vía de desgaste institucional en un período donde el Gobierno necesita concentrar su atención en la implementación de las reformas económicas. Los armadores legales de la Casa Rosada argumentaban de manera informal que la inclusión de los nombres del binomio presidencial en los escritos de la querella respondía a una intencionalidad política destinada a amplificar el impacto mediático del caso, antes que a la existencia de elementos probatorios de carácter penal que justificaran el avance de la instrucción en esa línea específica.
Con el apartamiento formal de los abogados de los damnificados, el andamiaje legal del Gobierno logra establecer un filtro procesal de consideración. El fiscal Taiano deberá evaluar de manera autónoma si los elementos reunidos hasta el momento justifican la continuidad de las pesquisas sobre las empresas tecnológicas vinculadas al caso o si, por el contrario, la investigación debe circunscribirse a los operadores financieros de segunda línea que ejecutaron la captación de los ahorros en el mercado local, desactivando el riesgo de una escalada que afecte de forma directa al núcleo del poder político.
Las dudas de los damnificados ante el nuevo escenario procesal
La reacción de los damnificados por el caso $LIBRA ante la decisión del magistrado fue de inmediato rechazo y preocupación por el destino de los fondos remanentes que se encuentran congelados en cuentas bancarias del exterior. Los voceros de los comités de acreedores señalaron que la delegación total del impulso procesal en la fiscalía debilita la posición de las víctimas, dado que el Ministerio Público Fiscal debe atender criterios de selectividad penal y plazos institucionales que no siempre coinciden con la urgencia de quienes perdieron sus patrimonios familiares en la operatoria de la plataforma.
Las críticas hacia el fiscal Taiano se fundamentan en los antecedentes de la instrucción, tramo en el que la fiscalía desestimó la realización de allanamientos preventivos y auditorías contables complejas que habían sido sugeridas por los peritos de la querella a comienzos de año. Para los ahorristas, la exclusión de sus representantes legales particulares busca adormecer el expediente durante los meses de la transición judicial, garantizando un escenario de baja exposición pública que favorece los intereses del oficialismo en la previa de las discusiones parlamentarias clave que se desarrollarán en el segundo semestre.
El volumen de la estafa investigada en el caso $LIBRA supera, según las estimaciones preliminares de los peritos de parte, los 45 millones de dólares e involucra a usuarios de distintas provincias del país que ingresaron al sistema atraídos por promesas de rendimientos mensuales fijos en moneda extranjera. La sospecha de los técnicos radica en que los fondos habrían sido desviados hacia fideicomisos inmobiliarios no declarados y cuentas de empresas espejo radicadas en jurisdicciones de baja tributación fiscal, una estructura que requería de la asistencia de profesionales con aceitados contactos en los organismos de control del Estado.
El calendario de Comodoro Py y las proyecciones del expediente
El fallo se produce en la antesala de una quincena judicial que se anticipa compleja y cargada de resoluciones de peso para la administración central. Los tribunales de Retiro concentran por estos días las definiciones de varias causas vinculadas a exfuncionarios de la gestión anterior y auditorías sobre los contratos de la actual administración, un contexto de alta sensibilidad donde cada movimiento en los despachos de los jueces federales genera lecturas políticas cruzadas entre el oficialismo y los bloques de la oposición parlamentaria.
Los abogados que fueron apartados de la causa adelantaron que recurrirán la medida ante la Cámara de Apelaciones con el propósito de ser restituidos en el rol de querellantes antes del inicio del receso invernal. El argumento de la apelación se centrará en la presunta violación del derecho a la tutela judicial efectiva y en el peligro de que la inacción estatal derive en la prescripción de los delitos financieros investigados, una alternativa que consolidaría la impunidad de los directores de la firma tecnológica y dejaría sin vías de resarcimiento económico a los miles de afectados.
En los pasillos de Comodoro Py se evalúa que, más allá del resultado de las apelaciones, la resolución dictada representa un triunfo táctico innegable para la estrategia de la Casa Rosada. Al lograr que la causa dependa exclusivamente del criterio de la fiscalía formal, el Gobierno consigue ganar tiempo y enfriar un expediente que amenazaba con condicionar la narrativa de transparencia que el oficialismo esgrime como uno de sus principales activos políticos ante la opinión pública. El desarrollo de las próximas semanas determinará si el fiscal Taiano avanza con las medidas pendientes o si el caso entra en una etapa de parálisis prolongada.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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