Dudas y contradicciones detrás del anuncio oficial para construir un reactor nuclear privado en Atucha

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Dudas y contradicciones detrás del anuncio oficial para construir un reactor nuclear privado en Atucha

El proyecto de 1.200 millones de dólares choca con la parálisis del reactor estatal CAREM, la pérdida de científicos clave y los complejos plazos globales para los reactores modulares pequeños.

El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la construcción de un reactor nuclear modular pequeño (SMR) en el complejo de Atucha generó un fuerte impacto político, pero encendió las alarmas en el sector científico y tecnológico nacional. La iniciativa privada, impulsada por la firma Meitner Energy Latam con el respaldo financiero del holding estadounidense Ansari Group, promete desembolsar 1.200 millones de dólares para desarrollar una central comercial de 300 megavatios bajo el amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, la propuesta choca con una realidad interna marcada por el desfinanciamiento de los proyectos estatales tradicionales, el éxodo masivo de técnicos altamente calificados y las severas dudas regulatorias que plantean los plazos de ejecución en el mercado atómico global.

El contraste con la parálisis regulatoria y el freno al reactor estatal CAREM

La principal contradicción que marcan los especialistas del sector radica en la coexistencia de este megaproyecto privado con la severa parálisis que sufre el proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares). Este último es el reactor modular de diseño 100% nacional desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el mismo predio de la localidad bonaerense de Lima. Mientras el Palacio de Hacienda celebra la llegada de capitales norteamericanos para patentar y construir un reactor comercial horizontal denominado ACR-300, las obras civiles del CAREM se encuentran prácticamente congeladas debido a los recortes presupuestarios impuestos desde diciembre de 2023.

La comunidad científica advierte que priorizar un desarrollo privado, donde participan empresas estatales como INVAP y Nucleoeléctrica Argentina mediante contratos específicos de servicios, debilita la soberanía tecnológica que el país consolidó durante décadas. El CAREM-25, cuya construcción civil supera el 80% de avance, fue concebido históricamente como la puerta de entrada de la Argentina al selecto mercado global de los SMR. La irrupción de Meitner Energy, liderada por su CEO Teófilo Lacroze, altera los planes estratégicos de la CNEA al introducir un competidor directo financiado de forma íntegra por fondos privados que utilizará los terrenos y la infraestructura pública de Atucha a cambio del pago de un canon por derecho de superficie.

Fuga de cerebros y el debilitamiento de los cuadros técnicos de la CNEA

La viabilidad técnica del nuevo reactor enfrenta otro escollo estructural de difícil resolución en el corto plazo: el vaciamiento de los organismos de control y desarrollo. Estimaciones de los gremios del sector indican que más de 200 profesionales altamente calificados, entre ingenieros nucleares, físicos y técnicos especializados, abandonaron la CNEA y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) durante los últimos dos años. La pérdida de capital humano responde al congelamiento salarial en el sector público y a los despidos masivos implementados en el marco de la reforma del Estado, lo que empujó a los cuadros científicos a emigrar hacia empresas privadas del exterior o a volcarse a otras industrias menos expuestas a la coyuntura política local.

El debilitamiento de la ARN es un factor que los analistas internacionales observan con preocupación, dado que cualquier planta atómica requiere de un proceso de licenciamiento sumamente riguroso y extenso. La propuesta de Meitner Energy aspira a conseguir una validación en espejo ante la ARN argentina y la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de los Estados Unidos. No obstante, los plazos previstos por la empresa para iniciar la etapa constructiva —estimados en cinco años tras las aprobaciones iniciales— lucen excesivamente optimistas para los estándares de una industria donde las revisiones de diseño conceptual y básico suelen demandar casi una década de auditorías técnicas continuas.

Las exigencias del mercado de inteligencia artificial y la demanda de energía firme

El motor económico que justifica el interés del grupo inversor estadounidense radica en la explosión de la demanda energética ligada a la economía digital global. La industria de los centros de datos (data centers) consume actualmente unos 82 gigavatios de potencia eléctrica a nivel mundial, y las proyecciones para el año 2030 estiman una necesidad adicional de 137 gigavatios, traccionada fundamentalmente por los servidores dedicados al procesamiento de inteligencia artificial. Debido a que las energías renovables variables, como la solar y la eólica, no pueden garantizar un suministro firme y continuo las 24 horas del día, las grandes corporaciones tecnológicas como Microsoft, Amazon y Google comenzaron a firmar contratos de abastecimiento de largo plazo con centrales nucleares.

El diseño propuesto para Atucha, el ACR-300, intenta capitalizar este nicho comercial mediante un formato compacto que prescinde de fuentes hídricas masivas para su refrigeración, una ventaja que expande geográficamente las posibilidades de instalación. Los desarrolladores afirman que el reactor cuenta con sistemas de circulación natural pasiva para el apagado seguro sin necesidad de energía auxiliar externa, una lección de diseño global adoptada tras el accidente de la central japonesa de Fukushima en 2011. Sin embargo, exdirectivos del sector nuclear argentino matizan el entusiasmo oficial al señalar que el país corre el riesgo de convertirse en un laboratorio de pruebas para un diseño que todavía no cuenta con una planta de referencia operativa (denominada "First of a Kind" o FOAK) en ninguna parte del mundo.

Las dudas sobre el esquema de financiamiento y el Súper RIGI

La arquitectura financiera del proyecto también genera interrogantes entre los economistas especializados en infraestructura. El secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Nápoli, defendió la iniciativa argumentando que "es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo". No obstante, la dependencia de los beneficios fiscales y cambiarios del RIGI expone al fisco a resignar recaudación impositiva de largo plazo a cambio de una promesa de inversión cuyos desembolsos efectivos suelen fraccionarse a lo largo de muchos años.

A pesar de que el plan oficial calcula la creación de alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante el pico de la obra y la posterior puesta en marcha, la falta de una cadena de proveedores locales completamente homologada podría derivar en una fuerte importación de componentes críticos desde los Estados Unidos. La tensión entre el desarrollo soberano de la tecnología nuclear argentina y la tercerización del sector hacia corporaciones globales promete profundizar el debate parlamentario en las comisiones de Energía, donde la oposición ya adelantó pedidos de informes para conocer la letra chica de los contratos de servicios que involucran a INVAP y las condiciones de cesión de las tierras fiscales en el partido de Zárate.



De acuerdo con información difundida por: C5N

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