Cristóbal López y Grupo Corven se adjudicaron la privatización de rutas nacionales

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El Gobierno nacional otorgó la concesión de cuatro corredores viales que suman más de 2500 kilómetros, marcando el regreso del empresario patagónico al negocio de los peajes.

El Ministerio de Economía de la Nación completó el proceso de adjudicación para la primera etapa del nuevo esquema de privatización de la red vial nacional. El procedimiento determinó el traspaso de cuatro corredores clave, que abarcan una extensión superior a los 2500 kilómetros de rutas nacionales, a consorcios privados integrados por el Grupo Corven, la constructora del empresario Cristóbal López y firmas vinculadas al lobista cordobés Horacio Miró.

La resolución de esta licitación pública representa un hito en el programa de reformas del presidente Javier Milei, consolidando el desmantelamiento de la estructura estatal que administraba los caminos a través de Corredores Viales S.A. No obstante, el resultado regulatorio generó fuertes repercusiones políticas debido al perfil de las corporaciones seleccionadas, entre las que destaca el regreso de CPC, la constructora del Grupo Indalo, al sistema de obra pública y recaudación de peajes tras años de litigios judiciales.

El nuevo esquema implementado por el Ejecutivo traslada de forma integral el mantenimiento, la señalización y la ejecución de obras de infraestructura vial a las firmas licenciatarias. A cambio, los consorcios privados adquieren el derecho de explotación directa mediante el cobro de tarifas de peaje que contarán con un mecanismo de actualización mensual ligado al índice de precios al consumidor y a la evolución de los costos de la construcción.

Los detalles de los corredores adjudicados y los consorcios ganadores

El proceso de apertura de sobres y evaluación técnica determinó la distribución de los trazados viales más transitados del país, los cuales conectan los principales puertos agroexportadores con las regiones productivas del norte y el centro del territorio nacional. Las empresas adjudicatarias debieron acreditar capacidad técnica y financiera inmediata para absorber el pasivo de las trazas y garantizar los planes de bacheo urgente exigidos en los pliegos de bases y condiciones.

La constructora CPC, perteneciente a Cristóbal López y Fabián De Sousa, logró imponerse en la compulsa por uno de los corredores de mayor flujo de carga pesada. La firma regresa de este modo a una actividad de la que había sido desplazada durante la administración de Mauricio Macri, cuando el Estado nacional rescindió los contratos de la autopista Riccheri y los accesos a la Ciudad de Buenos Aires por incumplimientos y deudas impositivas asociadas a la petrolera del grupo.

Por su parte, el Grupo Corven, holding diversificado con base en la provincia de Santa Fe y liderado por la familia Iraola, consolidó su expansión hacia el rubro de los servicios públicos viales al quedarse con la administración de dos trazados troncales. Finalmente, el bloque restante fue otorgado a un consorcio constructivo donde mantiene una participación accionaria decisiva el empresario Horacio Miró, histórico operador de infraestructura vinculado a los desarrollos de obra pública en la provincia de Córdoba.

El cambio de modelo: tarifas dolarizadas y fin del subsidio estatal

La privatización de estos 2500 kilómetros de rutas marca el fin de la gestión pública directa que se había generalizado en el último período de gobierno. La Secretaría de Transporte justificó la medida al señalar el déficit operativo crónico que presentaba la empresa estatal Corredores Viales, cuyas partidas presupuestarias dependían de giros directos del Tesoro Nacional para cubrir los salarios del personal de cabinas y las tareas básicas de pavimentación.

El modelo contractual diseñado para esta etapa establece que el financiamiento de las obras de expansión correrá por cuenta y riesgo exclusivo de los concesionarios privados. Los pliegos eliminan el sistema de subsidios cruzados y habilitan a las empresas a fijar bandas tarifarias que aseguren una tasa de retorno en moneda dura, un requisito que el Gobierno consideró indispensable para atraer inversores internacionales y grupos locales con acceso a crédito externo.

Para los usuarios de las rutas nacionales, el traspaso significará una reestructuración de los cuadros de peaje en los accesos clave de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y el norte del país. Las asociaciones de transportistas de carga de inmediato manifestaron su preocupación por el impacto que la actualización automática de las tarifas tendrá sobre los costos logísticos, en un contexto donde el flete terrestre ya representa un porcentaje significativo del valor final de las mercancías de exportación.

El impacto político en el oficialismo y la reacción de la oposición

La adjudicación de rutas a empresas ligadas al kirchnerismo generó debates internos dentro del bloque oficialista y desató críticas por parte de los sectores de la oposición legislativa. Desde el entorno presidencial defendieron la transparencia del proceso licitatorio al argumentar que el sistema se rigió estrictamente por criterios de oferta económica y antecedentes técnicos, sin exclusiones por razones ideológicas o antecedentes penales.

Diputados de la oposición adelantaron que solicitarán pedidos de informes al Poder Ejecutivo para revisar las auditorías que evaluaron las propuestas de CPC y el resto de las firmas ganadoras. Los cuestionamientos se centran en establecer si los planes de inversión propuestos guardan relación con el flujo de caja proyectado por el cobro de peajes y si existen garantías reales de ejecución para evitar el abandono de las calzadas que afectó a las concesiones viales de la década de 1990.

La marcha de este nuevo sistema de concesiones será monitoreada de cerca por la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que retiene la potestad de aplicar sanciones y rescindir los contratos en caso de demoras en las obras comprometidas. El éxito del programa resulta vital para las metas fiscales del Gobierno, que busca desprenderse de la totalidad de las dependencias e infraestructuras cuya operatividad pueda ser transferida al sector privado comercial de manera autosustentable.



De acuerdo con información difundida por: LETRA P

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