Causa $LIBRA: las querellas apelaron y ponen sus expectativas en la Cámara Federal
Los inversores particulares damnificados por la presunta estafa con el token virtual recurrieron el fallo de primera instancia que los excluyó del expediente y denunciaron arbitrariedad.
La investigación judicial en torno a la presunta estafa piramidal con la criptomoneda $LIBRA, un activo digital promocionado en redes sociales por el presidente Javier Milei, ingresó en una etapa de profunda tensión en los tribunales de Comodoro Py.
El recurso impulsado por el dirigente social y abogado Juan Grabois, quien patrocina a un grupo de los damnificados, busca que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revoque de forma urgente la medida de primera instancia. Los escritos judiciales calificaron de "arbitraria" la decisión del magistrado y advirtieron que la exclusión de las víctimas representa un "golpe letal" para el avance de la causa, dado que restringe de forma severa la capacidad de proponer medidas de prueba independientes a la conducción de la fiscalía.
El conflicto procesal se desató luego de que el juez Martínez de Giorgi hiciera lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del criptolobista Mauricio Novelli, uno de los principales imputados en la causa.
Los argumentos técnicos de la apelación frente a la tesis del juez
La presentación judicial de Grabois, elaborada junto a los abogados Nicolás Rechanik y Camila Palacin, cuestionó los fundamentos del juzgado de instrucción y sostuvo que la resolución ignora las constancias reunidas en la causa. El escrito argumentó que las pruebas recopiladas hasta el momento desmienten la premisa de que se trató de un simple negocio financiero fallido. Según las querellas, existen indicios claros de una maniobra coordinada mediante mecanismos fraudulentos tradicionales.
"La prueba reunida en la causa desmiente la premisa fáctica de la que parte la resolución recurrida", señala textualmente el escrito presentado ante la mesa de entradas de los tribunales federales. La defensa de las víctimas remarcó que el expediente expone evidencias sobre un acceso privilegiado a información reservada, el despliegue de un ardid publicitario masivo para captar ahorros privados y una posterior extracción coordinada y masiva de fondos que provocó el desplome total del valor del token en el mercado digital.
Por su parte, el abogado de otro de los inversores excluidos, Nicolás Oszust, interpuso un recurso similar en representación de Martín Romeo. El letrado planteó que el fallo genera un perjuicio irreparable para los derechos de los damnificados, quienes sufrieron la afectación directa de sus patrimonios particulares tras confiar en los mensajes institucionales que circularon antes y durante el lanzamiento de la criptomoneda en los foros de tecnología financiera de Buenos Aires.
La sospecha política y los nombramientos en el centro del debate
El desplazamiento de las querellas generó repercusiones institucionales y políticas en los pasillos de Comodoro Py, donde diversos sectores de la oposición señalaron la coincidencia temporal entre la resolución judicial y una serie de designaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Las críticas apuntaron a que el apartamiento de las víctimas fue firmado horas antes de un evento deportivo de alta atención pública, reduciendo el impacto mediático inmediato de la medida.
Desde el punto de vista normativo, la controversia se profundizó tras conocerse que el Ministerio de Justicia de la Nación promovió recientemente en el Congreso de la Nación el pliego de designación de Ana Juan, esposa del juez Martínez de Giorgi, para ocupar un cargo en la magistratura federal del conurbano bonaerense.
En su fallo original, Martínez de Giorgi consideró que las constancias aportadas por las víctimas resultaban "indiciarias pero no determinantes" para certificar de forma indubitable la titularidad de las billeteras virtuales afectadas o el origen lícito de los fondos colocados en la plataforma. Este criterio restrictivo es el que ahora revisará la Sala de la Cámara Federal, la cual ya había aceptado previamente a los damnificados como parte activa del proceso penal en el inicio de las actuaciones.
El estado del expediente y las implicancias operativas para la fiscalía
Si la decisión de apartar a las querellas queda firme, el caso $LIBRA continuará bajo la órbita exclusiva de la Fiscalía Federal de Eduardo Taiano. En términos prácticos, los inversores particulares Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo dejarán de tener acceso diario al contenido de los cuerpos del expediente, perdiendo además la potestad legal de apelar eventuales sobreseimientos o pedir allanamientos de urgencia sobre los imputados.
Hasta el momento, la investigación penal mantiene imputados a figuras del sector tecnológico local e internacional que mantuvieron vínculos directos con la Casa Rosada. En la lista de personas investigadas figuran Hayden Mark Davis (representante de Kelsier Ventures), Julian Peh (de Kip Protocol), Manuel Terrones Godoy y el propio Mauricio Novelli, ambos organizadores del Tech Forum Argentina celebrado a fines de 2024, ámbito donde se coordinaron los primeros anuncios oficiales del activo bajo escrutinio.
La resolución definitiva de la Cámara Federal porteña marcará el destino del caso. Las asociaciones especializadas en transparencia institucional que intervienen bajo la figura menor de amigos del tribunal (amicus curiae) advirtieron que congelar la participación de los particulares damnificados debilita el control social sobre los expedientes que involucran a altos funcionarios públicos, sentando un antecedente complejo para futuras investigaciones sobre presuntos delitos financieros con tecnologías digitales.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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