Triunfo de Caputo: el Congreso aprobó el acuerdo con holdouts y evitó el default
El Senado sancionó la ley que convalida el pago a los fondos buitre con 42 votos a favor, cerrando un litigio de 15 años y permitiendo el regreso del país a los mercados internacionales.
El camino parlamentario y el respaldo de la oposición dialoguista
El Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto de normalización de la deuda pública que convalida el acuerdo financiero alcanzado por el Ministerio de Finanzas con los fondos buitre. Tras una extensa sesión que se prolongó por más de doce horas en la Cámara de Senadores, el oficialismo logró consolidar una mayoría especial de 42 votos a favor frente a 26 en contra, gracias al respaldo decisivo de un sector del interbloque del Partido Justicialista y de las bancadas de representación provincial. La sanción de la normativa deroga las denominadas leyes de Cerrojo y de Pago Soberano, anulando los obstáculos jurídicos internos que impedían avanzar con la cancelación de los fallos dictados por los tribunales de Nueva York.
La aprobación parlamentaria representa el principal logro político e institucional en materia económica para la administración del presidente Mauricio Macri desde su asunción en el Poder Ejecutivo. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, coordinó de manera directa las negociaciones técnicas y las exposiciones informativas en los plenarios de comisiones, articulando los consensos necesarios con los gobernadores del interior del país, quienes presionaron a sus respectivos legisladores para viabilizar el proyecto a cambio de la promesa oficial de reactivación de la obra pública y la devolución escalonada del 15% de la coparticipación federal.
El debate en el recinto estuvo signado por profundas diferencias discursivas entre las facciones que componían el antiguo oficialismo. Mientras que el sector alineado con el Frente para la Victoria sostuvo un rechazo orgánico bajo el argumento de que la ley constituye una entrega de soberanía jurídica y abre la puerta a futuras demandas de los bonistas que sí ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, el peronismo renovador justificó su acompañamiento remarcando la necesidad de normalizar la situación macroeconómica para habilitar el financiamiento de infraestructura provincial y reducir el déficit fiscal de forma gradual.
Los detalles técnicos de la mayor emisión de deuda en la región
La nueva normativa autoriza al Poder Ejecutivo a realizar una colocación internacional de bonos soberanos por un monto de hasta 12.500 millones de dólares en los mercados de Nueva York y Londres. Los recursos obtenidos a través de esta operación financiera se destinarán de manera exclusiva a cancelar los pagos en efectivo acordados con los fondos liderados por NML Capital y Aurelius, además de otros acreedores minoritarios que cuentan con sentencias firmes del juez Thomas Griesa. La estrategia técnica diseñada por el secretario de Finanzas contempla la emisión de títulos públicos con plazos de amortización de 5, 10 y 30 años, buscando fijar una tasa de interés promedio que se ubique por debajo del 7,5% anual.
"Logramos una quita promedio del 38% sobre los reclamos originales de los fondos remanentes que contaban con medidas cautelares de pari passu", precisó Luis Caputo ante las consultas de las comisiones parlamentarias previas a la votación definitiva. Desde el punto de vista operativo, la transacción se ejecutará mediante la intervención de un consorcio de bancos internacionales integrados por Deutsche Bank, HSBC, Santander y JPMorgan, encargados de coordinar el libro de órdenes y garantizar que los fondos se transfieran de manera directa a las cuentas judiciales específicas para asegurar el levantamiento inmediato de las restricciones financieras que pesan sobre el país.
El cronograma previsto por el Palacio de Hacienda fija un plazo máximo de tres semanas para perfeccionar la colocación de los títulos y hacer efectivo el desembolso a los holdouts. El éxito de la operación financiera depende de las condiciones de liquidez del mercado internacional, aunque las autoridades regulatorias argentinas confían en que el nivel de sobreoferta de los inversores institucionales permitirá comprimir los rendimientos iniciales, reduciendo el costo de financiamiento para el Tesoro Nacional en las ventanas de colocación complementarias planificadas para el segundo semestre del corriente año.
El impacto económico y el retorno al financiamiento global
La salida definitiva del default técnico de 2014 modifica de forma sustancial la calificación crediticia de la República Argentina ante las principales agencias de riesgo internacionales como Moody's y Standard & Poor's. La normalización de las relaciones con los acreedores externos operará como un catalizador para la reducción del denominado riesgo país, el cual se ubica actualmente por encima de los 800 puntos básicos, un indicador que encarecía los costos de financiamiento tanto para el sector público como para las corporaciones privadas de origen local instaladas en el territorio nacional.
Los analistas de la city porteña proyectan que el cierre del litigio judicial en Manhattan destrabará de manera inmediata la llegada de inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos como la energía, la minería y el desarrollo de infraestructura de transporte. Asimismo, la posibilidad de acceder a tasas de interés razonables permitirá al Banco Central de la República Argentina consolidar sus reservas internacionales operativas, aportando previsibilidad al mercado cambiario y contribuyendo a la desaceleración de las expectativas inflacionarias que condicionan el consumo minorista interno.
El beneficio de esta ley se extenderá de forma directa a los gobiernos subnacionales, los cuales acumulan proyectos de obras públicas paralizados debido a la imposibilidad de colocar títulos de deuda en el exterior a tasas sustentables. Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza ya diseñaron programas específicos de emisión de bonos propios para captar recursos internacionales, buscando aprovechar la ventana de liquidez y la mejora en la percepción del riesgo crediticio soberano resultante de la sanción parlamentaria en el Congreso de la Nación.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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