La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe entregó oficinas clave del Palacio de Tribunales al órgano de los fiscales, desatando un duro cruce con el gremio judicial por las condiciones de trabajo.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de ceder de forma temporal un sector estratégico del subsuelo del Palacio de Tribunales de Rosario al Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió un fuerte foco de conflicto en el ámbito judicial de la provincia. La resolución, firmada por la máxima instancia judicial de manera unánime, tiene como propósito agilizar las investigaciones penales críticas en el sur provincial, pero chocó con el rechazo inmediato del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que se declaró en estado de alerta tras denunciar hacinamiento y falta de infraestructura.
El espacio físico en disputa corresponde a una serie de dependencias que anteriormente albergaban archivos técnicos y juzgados civiles en proceso de digitalización. La cesión busca centralizar el trabajo de las unidades fiscales dedicadas a Delitos Complejos y Crimen Organizado, facilitando la proximidad física con las salas de audiencias y los juzgados de garantías que operan de manera continua en la sede de Balcarce al 1600. Sin embargo, el traspaso de personal encendió las alarmas gremiales respecto a las garantías ambientales de la edificación.
El argumento de la Corte Suprema y la necesidad de optimizar la persecución penal
Desde la presidencia de la Corte Suprema fundamentaron la disposición bajo un criterio de estricta necesidad operativa para enfrentar la demanda del sistema penal. Las autoridades judiciales argumentaron que la proximidad de los fiscales dentro del edificio histórico del centro de Rosario disminuye los tiempos de traslado, agiliza la firma de órdenes de allanamiento y optimiza los recursos tecnológicos compartidos entre ambos organismos.
La unificación de las sedes se volvió una prioridad logística para los ministros de la Corte tras los informes técnicos que marcaban una fragmentación de las dependencias del MPA en distintos puntos de la ciudad de Rosario. La dispersión física de las fiscalías en inmuebles alquilados no solo incrementaba el gasto presupuestario mensual, sino que además generaba demoras logísticas considerables en la custodia y traslado de evidencias documentales reservadas en causas de alta repercusión pública.
"La readecuación de las estructuras físicas del Poder Judicial debe responder siempre a la mejora directa en la prestación del servicio de justicia para toda la comunidad", señalaron fuentes directas del Palacio de Tribunales que defendieron la legalidad y oportunidad de la acordada de traspaso. Para el alto tribunal, la medida tiene carácter provisorio hasta que concluyan las obras de ampliación pautadas en los predios perimetrales de la institución.
La denuncia del sindicato y las advertencias por la salud del personal
La respuesta de la conducción del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Rosario fue categórica al rechazar la radicación de los equipos fiscales en las áreas asignadas del subsuelo. Los representantes de los empleados señalaron que las oficinas entregadas carecen de la ventilación natural adecuada, presentan problemas estructurales de humedad crónicos y no cuentan con las salidas de emergencia exigidas por la normativa de higiene y seguridad laboral vigente.
El gremio alertó que el traslado implica la reubicación forzada de más de 85 agentes entre fiscales, secretarios y personal administrativo en áreas que originalmente estaban diseñadas para el depósito de expedientes en papel y no para la permanencia continua de personas. Los delegados sindicales afirmaron que la llegada de los nuevos equipos de trabajo colapsará los servicios sanitarios básicos del sector y afectará el rendimiento del sistema eléctrico interno debido a la conexión masiva de equipos informáticos de alta potencia.
"No estamos dispuestos a convalidar que se intente solucionar una urgencia de la fiscalía vulnerando los derechos laborales más elementales de quienes sostenemos el funcionamiento de la administración de justicia todos los días", afirmaron los delegados gremiales en un duro comunicado de prensa distribuido en las mesas de entrada del edificio. El sector de los trabajadores solicitó una inspección formal del Ministerio de Trabajo de la provincia para determinar la viabilidad de la habitabilidad del lugar.
El trasfondo edilicio y el colapso de las sedes del sistema penal
La polémica por los espacios físicos en los tribunales de Rosario expone un problema estructural que arrastra la justicia provincial desde la implementación del nuevo sistema procesal penal en el año 2014. El crecimiento de la estructura de fiscales y defensores oficiales no corrió en paralelo con la ampliación de la infraestructura edilicia del Estado, lo que forzó al Ministerio Público de la Acusación a alquilar de manera precaria decenas de oficinas privadas dispersas en el centro rosarino.
Las estadísticas del área de infraestructura judicial indican que la densidad de ocupación del Palacio de Tribunales de Rosario se duplicó durante la última década, superando los parámetros de diseño previstos originalmente para la edificación histórica. La falta de espacio físico propio afecta no solo las condiciones de trabajo de los agentes, sino también la atención diaria a los ciudadanos y testigos que asisten a las dependencias judiciales a realizar trámites y declaraciones.
El conflicto actual se produce, además, en medio de un escenario de fuerte debate sobre las partidas presupuestarias que el Gobierno de Santa Fe destina al sector de la justicia. Mientras los gremios reclaman la reactivación urgente de los planes de obras públicas edilicias congelados por la crisis económica nacional, desde el sector político se presiona para que la Corte y el MPA muestren resultados inmediatos en la resolución de las causas ligadas a la seguridad pública y el narcotráfico en la región.
Las alternativas bajo revisión y la posibilidad de medidas de fuerza
Ante la profundización del diferendo entre los ministros del máximo tribunal y la representación sindical, comenzaron a evaluarse opciones técnicas intermedias para destrabar el funcionamiento de las fiscalías complejas. Entre las propuestas que circulan en los pasillos de Balcarce al 1600 se menciona la posibilidad de implementar un sistema mixto de trabajo remoto parcial para los empleados administrativos del MPA, reduciendo así la presencia física simultánea dentro de las polémicas oficinas del subsuelo.
Otra de las alternativas que barajan los asesores de la Corte Suprema radica en acelerar la cesión de terrenos fiscales linderos pertenecientes a la municipalidad para montar estructuras modulares de rápida instalación que puedan albergar a los equipos de investigación penal de forma transitoria. Esta salida técnica, no obstante, requiere de aprobaciones parlamentarias y de partidas presupuestarias especiales de la Legislatura santafesina, lo que dilataría los plazos de implementación por varios meses.
El sindicato de judiciales advirtió que de no mediar una convocatoria formal a una mesa de diálogo tripartita que incluya a las autoridades del MPA, suspenderán la atención al público en las áreas afectadas a partir de la próxima semana. Las asambleas permanentes que se desarrollan en los ingresos de los tribunales rosarinos amenazan con paralizar la actividad de las secretarías civiles y comerciales, complicando la normal tramitación de los expedientes judiciales en el principal polo judicial de la región sur de Santa Fe.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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