El reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó un deterioro en la distribución del ingreso, donde el decil de la población con mayores entradas superó en 15 veces el promedio de los sectores más vulnerables, marcando un freno a la tendencia de recuperación que se observaba en trimestres anteriores.
El retroceso en la distribución del ingreso
Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 exponen un fenómeno de regresividad que impacta de lleno en la estructura social. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el coeficiente de Gini —el indicador estadístico que mide la desigualdad donde 0 representa la equidad total y 1 la máxima disparidad— registró un incremento significativo respecto al cierre del año pasado. Este avance en la desigualdad se explica, fundamentalmente, por el desacople entre los salarios reales y la inflación acumulada, fenómeno que golpea con mayor rigor a los trabajadores informales y a los perceptores de ingresos fijos.
En términos nominales, el 10% de la población con mayores ingresos concentró una porción creciente de la torta distributiva, mientras que el 10% de menores recursos vio licuada su capacidad adquisitiva debido al impacto del ajuste de tarifas y el costo de los alimentos de la canasta básica. La brecha de 15 veces no es solo una cifra técnica; representa una distancia creciente en el acceso a bienes esenciales, educación y salud entre los extremos de la pirámide social.
El impacto de la recesión en el mercado laboral
La dinámica actual del empleo privado registrado ha servido como motor de esta divergencia. Mientras los sectores vinculados a la exportación, la energía y la minería han logrado mantener márgenes de rentabilidad que permiten ajustes salariales por encima de la media, la industria manufacturera y el comercio minorista —principales empleadores de mano de obra intensiva— atraviesan una fase de contracción profunda. La pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo formales en el último semestre en provincias industriales como Santa Fe es apenas un síntoma de un proceso de desinversión que afecta la base de la pirámide salarial.
Por otro lado, la informalidad laboral, que se mantiene por encima del 40%, ha actuado como el amortiguador principal ante el cierre de empresas. No obstante, al tratarse de empleos de baja productividad y nula cobertura de seguridad social, esta migración hacia el trabajo cuentapropista no ha logrado frenar la caída del ingreso medio. Los trabajadores independientes, que en muchos casos operan en la economía de plataformas, han visto reducidos sus ingresos reales ante la saturación de oferta y la caída del consumo interno, profundizando la precarización.
Antecedentes y proyecciones de un escenario complejo
Para encontrar un nivel de desigualdad similar es necesario retroceder a los picos de la crisis post-pandemia, cuando la inflación de dos dígitos mensuales desarticuló las paritarias sectoriales. La diferencia sustancial radica en que, en aquel entonces, el consumo interno contaba con el respaldo de diversos programas de asistencia estatal que hoy han sido recortados en nombre del equilibrio fiscal. La supresión de subsidios directos a las tarifas y la política de austeridad monetaria han desplazado la variable del ajuste directamente hacia el bolsillo de los sectores de ingresos medios y bajos.
Los economistas coinciden en que la reversión de este indicador requiere, necesariamente, de una estabilización de la inflación en niveles de un dígito mensual, condición necesaria para que las negociaciones paritarias recuperen su capacidad de recomposición real. Sin embargo, en el corto plazo, el panorama presenta dificultades añadidas. La eliminación de los mecanismos de indexación de ingresos en varios sectores estatales y la persistente caída en las ventas de los centros comerciales barriales indican que la brecha podría continuar ensanchándose durante el segundo semestre de 2026.
¿Por qué importa la brecha de ingresos?
La profundización de la desigualdad trasciende las estadísticas económicas y tiene consecuencias directas sobre el tejido social. En primer lugar, la polarización de ingresos limita la movilidad social ascendente: cuando la brecha es tan amplia, el acceso a una educación de calidad se convierte en un privilegio de clase, reduciendo las posibilidades de los estratos bajos de integrarse al mercado laboral de alta productividad. Este círculo vicioso termina por consolidar una estructura social rígida, donde el origen socioeconómico determina, en gran medida, el destino educativo y profesional.
En segundo lugar, la caída del ingreso de los sectores más vulnerables tiene un impacto sistémico sobre el consumo agregado. Al ser los estratos de menores recursos quienes destinan la totalidad de sus ingresos al consumo inmediato de bienes básicos, su empobrecimiento genera un efecto multiplicador negativo sobre la actividad comercial local. Esto crea una dinámica en la que los comercios de cercanía y las pequeñas empresas, que viven de la demanda local, pierden sus mercados, lo que a su vez destruye más empleo.
Finalmente, el aumento de la desigualdad suele ser el caldo de cultivo para una mayor conflictividad social. La percepción de una injusticia distributiva, sumada a la dificultad creciente para llegar a fin de mes, aumenta la demanda de asistencia social y pone presión sobre las cuentas públicas en un momento donde el Gobierno busca mantener un rígido esquema de superávit. La interdependencia entre estabilidad macroeconómica y equidad distributiva nunca ha sido tan evidente: sin un crecimiento que llegue a las bases, la viabilidad política de los programas de reformas estructurales comienza a enfrentar un límite marcado por la realidad del mercado interno.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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