El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad suspender en sus funciones al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, y dar inicio formal al proceso de juicio político en su contra por presuntos actos de corrupción. La medida, que marca un punto de inflexión en la controvertida gestión del magistrado, fue adoptada con veinte votos a favor y ninguno en contra, consolidando una postura firme frente a las irregularidades detectadas tanto en su desempeño actual como en sus antecedentes previos a asumir el cargo.
Un historial de irregularidades y ocultamiento de datos
El magistrado, quien accedió al juzgado federal en lo civil y comercial número 1 de Rosario en junio de 2023, quedó en el centro de la escena tras revelarse que omitió informar una sanción disciplinaria clave durante el concurso para ocupar su cargo. Según la investigación, en 2002, la Corte Suprema de Justicia había dispuesto su cesantía por unanimidad tras comprobarse que, en 2001, intentó sobornar a una secretaria de un juzgado federal en Comodoro Py para direccionar una causa hacia el tribunal donde él se desempeñaba en aquel entonces.
Al momento de postularse para ser juez en Rosario, Salmain omitió este antecedente argumentando que la normativa vigente solo le exigía declarar sanciones dentro de los últimos diez años. Esta justificación fue duramente cuestionada durante el proceso en el Consejo. Al respecto, el consejero y senador Luis Juez fue categórico durante la sesión: "Imagínese si el Senado habría aprobado su pliego de haber sabido que la Corte Suprema lo echó por un soborno".
La omisión de este dato es considerada un punto crítico, ya que permitió que el Senado diera acuerdo a un candidato con una trayectoria viciada, evidenciando, según expertos, una falla en los sistemas de control y verificación de antecedentes de los postulantes al Poder Judicial.
La acusación por el caso del fideicomiso "Attilla"
Más allá de sus antecedentes, el juicio político se sustenta en una grave acusación por mal desempeño vinculada a su gestión al frente del juzgado. Se le atribuye haber autorizado, mediante un fallo judicial, que los tenedores del fideicomiso "Attilla" accedieran a la compra de diez millones de dólares a valor oficial mientras regían fuertes restricciones cambiarias, comúnmente conocidas como cepo.
Según estimaciones de los fiscales que intervienen en la causa, esta autorización fue otorgada a cambio de un soborno equivalente al diez por ciento de la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, una cifra que ascendería a los 200.000 dólares. Esta maniobra incluyó una orden directa al Banco Central de la República Argentina (BCRA), entidad que resistió judicialmente el requerimiento por considerarlo improcedente.
El consejero César Grau, representante del estamento de abogados y oriundo de Rosario, reflexionó sobre la complejidad del caso durante el plenario: "La arquitectura del actual sistema se basa en la buena fe del concursante. Analizamos todo lo favorable, pero los malos antecedentes quedan purgados". Ante este escenario, Grau destacó la necesidad de avanzar hacia un legajo digital obligatorio que impida a los evaluadores desconocer información sensible sobre los aspirantes.
Expectativa de pena y estado procesal
La situación de Salmain es sumamente delicada, ya que no solo enfrenta el proceso administrativo para su remoción, sino que también posee una orden de prisión preventiva dictada por el juez federal Carlos Vera Barros. La expectativa de pena por el delito de cohecho, principal cargo que se le imputa, oscila entre los cuatro y doce años de prisión efectiva.
Un dato que profundizó la crisis institucional fue que, a pesar de estar procesado y con una medida restrictiva de libertad —con el uso de tobillera electrónica—, el magistrado continuó dictando resoluciones y ejerciendo funciones, incluso subrogando otros juzgados. El diputado Rodolfo Tailhade, aunque apoyó el juicio político por el caso del fideicomiso, manifestó discrepancias técnicas respecto al cargo por el ocultamiento de antecedentes, señalando que la prueba presentada por la defensa de Salmain merecía un análisis más pormenorizado sobre el trato desigual en el Consejo.
Sin embargo, ante la evidencia y la gravedad de las acciones, el consenso fue mayoritario. El Consejo de la Magistratura designó a los consejeros Jimena de la Torre, Diego Barroetaveña y Luis Juez como representantes ante el jurado de enjuiciamiento. De este órgano, compuesto por nueve miembros entre jueces, legisladores y abogados, dependerá la destitución definitiva de Salmain. El caso no solo pone a prueba la celeridad del sistema disciplinario, sino que subraya la urgencia de reformas en los mecanismos de designación de magistrados para garantizar la integridad y la idoneidad en el ejercicio de la magistratura federal.
De acuerdo con información difundida por : La Política online
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