El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario dictó sentencia en la causa por contaminación con agroquímicos en los barrios periféricos de Pergamino, imponiendo penas a dos funcionarios municipales mientras que los productores agrícolas acusados resultaron absueltos por falta de pruebas concluyentes.
Alcance de las condenas y fundamentos del fallo
La resolución judicial marca un punto de inflexión en los conflictos ambientales vinculados al modelo productivo en el norte de la provincia de Buenos Aires. Tras un extenso proceso que incluyó pericias técnicas y testimonios de vecinos afectados, el tribunal determinó que dos funcionarios de la gestión municipal de Pergamino incurrieron en incumplimiento de sus deberes de funcionario público y en la infracción a la Ley de Residuos Peligrosos. Según la justicia, ambos fueron responsables de no ejercer los controles de fiscalización necesarios para impedir la aplicación de agroquímicos en las zonas periurbanas de los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia, contraviniendo normativas vigentes de protección ambiental.
Los magistrados argumentaron en su veredicto que la omisión de control del Estado local fue el factor determinante que permitió la persistencia de la contaminación en el aire y el agua de consumo de los vecindarios. Esta negligencia, catalogada como una falta grave al ejercicio de la función pública, se tradujo en una afectación directa sobre la salud pública de los residentes, quienes desde hace años venían denunciando cuadros de enfermedades crónicas, alergias y problemas cutáneos vinculados a las aspersiones químicas.
El veredicto sobre los productores agrícolas
En una decisión que generó una fuerte división de opiniones dentro de la sala de audiencias, el tribunal decidió la absolución de los tres productores agrícolas que estaban sentados en el banquillo de los acusados. La justicia consideró que, si bien se probó la existencia de contaminación en las áreas denunciadas, no existieron elementos probatorios fehacientes que permitieran vincular de manera directa y unívoca la responsabilidad de las aplicaciones específicas con los imputados en esta causa.
La defensa de los productores logró sostener, a lo largo de las audiencias, que las aplicaciones fueron realizadas cumpliendo los protocolos técnicos vigentes en aquel momento y bajo una reglamentación local que, según su postura, resultaba ambigua o incompleta. El tribunal determinó que la responsabilidad principal en el control de estas actividades recae sobre los entes de fiscalización estatal. Al no poder acreditarse una conducta dolosa por parte de los dueños de los campos, los jueces aplicaron el principio de duda, derivando en la sentencia absolutoria para los trabajadores del agro.
Antecedentes y reclamos de la comunidad afectada
La causa por las fumigaciones en Pergamino comenzó a ganar visibilidad nacional a partir de 2018, cuando los vecinos de Villa Alicia presentaron una serie de amparos judiciales tras notar una recurrencia alarmante de cuadros oncológicos y malformaciones congénitas en el barrio. El reclamo escaló hasta la justicia federal, que en 2019 ordenó la suspensión inmediata de todas las fumigaciones en un radio de mil metros de las zonas residenciales, una medida cautelar que sentó un precedente fundamental en el derecho ambiental argentino.
Años después, la investigación de la fiscalía federal se enfocó no solo en las prácticas privadas de los productores, sino también en el rol del Estado como garante de la salud pública. Durante las audiencias del juicio oral, el testimonio de las madres de los barrios afectados fue central para reconstruir el impacto cotidiano de la presencia de glifosato, atrazina y otros compuestos en las napas freáticas. Las pericias solicitadas por la justicia confirmaron que, en varias muestras tomadas de tanques domiciliarios de agua, los niveles de agrotóxicos superaban ampliamente los límites permitidos para el consumo humano.
Repercusiones del fallo en el modelo de control ambiental
"El fallo es un reconocimiento parcial pero importante sobre la negligencia estatal en la protección del ambiente", expresaron los abogados querellantes al salir del tribunal, aunque adelantaron que apelarán la absolución de los productores ante las instancias superiores. Para las organizaciones ambientalistas, el resultado de este juicio refleja las dificultades estructurales que enfrenta la justicia para determinar responsabilidades en un modelo productivo que, según argumentan, prioriza la escala extractiva por sobre la salud de los ecosistemas periurbanos.
Por su parte, desde los sectores productivos se celebró la absolución, enfatizando que el juicio fue utilizado como un escenario para cuestionar políticamente la actividad agrícola en su totalidad. Los productores sostienen que las normas de aplicación deben ser claras y que no puede recaer sobre el trabajador rural la responsabilidad de una planificación urbana que permitió el avance de la mancha de edificación sobre zonas rurales productivas.
Este veredicto deja abierta una interrogante jurídica clave sobre cómo se articularán, a partir de ahora, las facultades de inspección de los municipios con el marco regulatorio nacional de residuos peligrosos. Pergamino, una de las capitales de la producción cerealera en la Argentina, seguirá siendo el epicentro de un debate que trasciende lo judicial y que exige, en última instancia, una actualización de las legislaciones locales que regulan la convivencia entre la agricultura intensiva y las zonas habitadas por miles de personas.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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