La Cámara Federal de Casación Penal otorgó el beneficio al exministro de Planificación tras considerar su delicado estado de salud. El exfuncionario, condenado por la Tragedia de Once, sufrió un infarto recientemente.
La Justicia Federal determinó este lunes que Julio De Vido, una de las figuras centrales del esquema ministerial durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, podrá continuar cumpliendo su condena fuera del penal de Ezeiza. La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes revocaron un fallo previo de un tribunal oral que había rechazado el pedido de la defensa.
El cambio en las condiciones de detención del exfuncionario de 76 años se fundamenta estrictamente en razones humanitarias y de salud. Según el fallo, la situación médica de De Vido se agravó considerablemente tras el episodio cardíaco sufrido el pasado 1 de abril, el cual requirió una intervención de urgencia para la colocación de un stent.
El cuadro de salud que aceleró la decisión judicial
Los magistrados de Casación basaron su resolución en los informes periciales del Cuerpo Médico Forense, los cuales fueron contundentes al describir la vulnerabilidad del exministro. El documento judicial detalla que De Vido presenta un "alto riesgo cardiovascular", cuadro que se ve potenciado por una serie de patologías crónicas preexistentes que complican su tratamiento en un entorno carcelario.
Entre las afecciones mencionadas se destacan su condición de diabético insulinodependiente, hipertensión arterial y una fibrilación auricular persistente. El tribunal consideró que el Servicio Penitenciario Federal no cuenta con las herramientas necesarias para garantizar una respuesta inmediata ante una eventual descompensación tras el reciente infarto. Con esta resolución, se priorizó el derecho a la salud y la integridad física por sobre la rigurosidad de la detención en una unidad penal.
Las causas judiciales y el historial de detenciones
Julio De Vido se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012, donde fue hallado culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Si bien fue absuelto por el cargo de estrago culposo, la justicia determinó que su rol como ministro fue determinante en el desvío de fondos que debían destinarse al mantenimiento ferroviario.
A esta condena se suman otras investigaciones de alto perfil. Recientemente, el exministro recibió una pena de cuatro años por irregularidades en la compra de buques con Gas Natural Licuado (GNL), causa en la que fue señalado como partícipe necesario de defraudación. Asimismo, su nombre permanece ligado a la causa de los "Cuadernos de las Coimas" y a expedientes por irregularidades en la obra pública de Río Turbio.
Impacto institucional y antecedentes de la prisión domiciliaria
La concesión de la prisión domiciliaria para figuras del anterior gobierno kirchnerista ha sido un tema de constante debate en la agenda política y judicial argentina. El caso de De Vido se suma al de otros exfuncionarios que, al superar los 70 años o presentar cuadros de salud crónicos, han solicitado y obtenido el traslado a sus hogares bajo el régimen de monitoreo con tobillera electrónica.
En términos de antecedentes, esta no es la primera vez que De Vido accede a una morigeración de su prisión, aunque en instancias anteriores los beneficios habían sido revocados ante nuevos avances en las causas de corrupción. Sin embargo, la gravedad del último informe cardiológico parece haber cerrado el margen de interpretación para los camaristas, quienes subrayaron que el Estado debe velar por que el cumplimiento de la pena no se transforme en un trato cruel o degradante dada la fragilidad biológica del interno.
El traslado desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza hacia su domicilio en Zárate se realizaría en las próximas horas, una vez que se cumplimenten los trámites administrativos y se asegure la operatividad del sistema de vigilancia electrónica. La fiscalía, por su parte, analizará si presenta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, aunque la ejecución de la domiciliaria suele ser inmediata cuando median riesgos de vida constatados por peritos oficiales.
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