Presentó un amparo en los tribunales federales de Rafaela para exigir obras urgentes en el tramo que atraviesa el departamento San Martín ante el deterioro de la calzada.
La desidia estatal sobre la infraestructura vial en el centro-oeste santafesino llegó a los estrados judiciales. El senador provincial Esteban Motta formalizó una acción de amparo ante la Justicia federal con el objetivo de obligar al Gobierno nacional a ejecutar obras de mantenimiento y reparación en la ruta nacional 34. La medida se centra en el segmento que recorre el departamento San Martín, una zona crítica para la producción agroindustrial que hoy presenta un estado de abandono que pone en riesgo la vida de miles de usuarios diarios.
Esta presentación judicial no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un malestar social creciente. El legislador santafesino explicó que la decisión se tomó tras agotar instancias administrativas y luego de una masiva audiencia pública realizada recientemente, donde intendentes, presidentes comunales y representantes de diversas instituciones locales expusieron la peligrosidad de transitar por una traza que califican de intransitable.
Una estrategia judicial colectiva frente al deterioro vial
El amparo presentado en los tribunales federales de Rafaela funciona como la punta de lanza de una estrategia legal más ambiciosa. Motta confirmó que, si bien esta primera acción es de carácter individual en representación de los intereses de su departamento, ya se encuentra coordinando con otros mandatarios locales para transformar el reclamo en una causa colectiva. La intención es que todas las localidades afectadas por la ruta 34 se sumen bajo un mismo expediente para presionar con mayor peso jurídico al Estado nacional.
"Hicimos efectivo el amparo judicial por el reclamo por la traza de la ruta 34", detalló el legislador, subrayando que la presentación se sustenta en la falta de respuesta oficial ante el avanzado estado de deterioro del pavimento, la carencia de señalización y la precariedad de las banquinas. El objetivo fundamental, según expresó, es lograr la "integralidad de la obra" y no meros bacheos paliativos que se degradan a las pocas semanas de su aplicación.
El planteo judicial también cuestiona la gestión de los recursos públicos. Motta señaló una contradicción entre la recaudación impositiva y la inversión real: la recaudación por el impuesto a los combustibles, que teóricamente debería reinvertirse en infraestructura vial, no se ve reflejada en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe. Para el senador, existen fondos suficientes para encarar proyectos de gran escala, pero falta la decisión política de asignar las partidas presupuestarias correspondientes.
El impacto de la cosecha gruesa y el colapso logístico
El reclamo por la ruta 34 coincide con un momento de máxima tensión logística en la región. El inicio de la cosecha gruesa genera un flujo masivo de transporte pesado hacia las terminales portuarias del Gran Rosario. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitió alertas recientes por la saturación de los principales corredores del sur santafesino, donde la convivencia entre camiones y vehículos particulares se vuelve crítica ante la falta de calzadas adecuadas.
Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, conducido por Sergio Aladio, advirtieron que las estimaciones iniciales de tráfico se han visto desbordadas. "Se preveían unos 6.000 camiones por día, pero esa cifra podría duplicarse fácilmente", indicaron desde el gremio. Esta presión extra sobre las rutas nacionales 34 y 11, sumada al mal estado estructural que denuncia el amparo de Motta, conforma un escenario de alta peligrosidad vial.
Las demoras en los accesos a los puertos del cordón industrial, como en la ruta provincial 91, la ruta nacional 11 y la A-012, no solo representan un problema de seguridad, sino también un costo económico significativo para el sector productivo. El estancamiento de miles de toneladas de granos en filas de camiones que se extienden por kilómetros es la imagen de una infraestructura que, según el senador del departamento San Martín, ya no admite más dilaciones.
Datos y antecedentes de una crisis estructural
El conflicto por la ruta nacional 34 es un capítulo recurrente en la agenda política santafesina, pero la actual judicialización marca un precedente en la búsqueda de soluciones. La traza, conocida históricamente como la "Ruta de la Muerte" debido a su alto índice de siniestralidad, atraviesa el corazón productivo del país, conectando el norte argentino con los puertos del sur provincial.
Siniestralidad: En el último año, se registró un incremento en los accidentes frontales y vuelcos relacionados con las deformaciones de la calzada (huellas) y pozos de gran profundidad.
Financiamiento: El reclamo de los legisladores santafesinos se apoya en que la provincia es una de las principales aportantes al Tesoro Nacional vía derechos de exportación e impuestos internos, sin recibir una contraprestación equivalente en mantenimiento de rutas nacionales.
La presentación judicial abre ahora un período de definiciones para la Justicia federal, que deberá determinar si ordena al Poder Ejecutivo Nacional, a través de Vialidad Nacional, el inicio de un plan de contingencia urgente. Mientras tanto, las comunidades del centro-oeste santafesino permanecen en alerta, a la espera de que el amparo colectivo termine de consolidar un frente común contra el abandono de las vías de comunicación terrestres.
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