
Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos ya transitaron este camino. Ahora es el turno del sur santafesino. La ciudad de Rosario se prepara para un cambio sustancial en su sistema penal, donde los ciudadanos de a pie tendrán en sus manos la decisión sobre la culpabilidad o inocencia en los crímenes más graves de la región. El Ministerio Público de la Acusación ya comenzó con las tareas de logística y selección de los potenciales ciudadanos que integrarán el tribunal popular en los primeros días del mes de junio.
El debut del sistema en los tribunales locales tendrá como objeto del debate un caso de femicidio. El fiscal regional Matías Merlo detalló que las jornadas de audiencias públicas se estructuraron bajo un criterio de máxima eficiencia procesal. De acuerdo con las estimaciones oficiales de la fiscalía, el juicio demandará una extensión de no más de cuatro jornadas consecutivas de debate antes de ingresar a la deliberación final.
El cronograma estipulado contempla que los procedimientos inicien formalmente el lunes 8 de junio de 2026. Esa primera jornada estará destinada en su totalidad a la realización del sorteo y conformación definitiva del panel de jurados populares, conocido técnicamente en la práctica judicial como la audiencia de voir dire. Una vez superada esta instancia de selección y recusaciones de los candidatos, el debate oral propiamente dicho comenzará de manera inmediata entre esa misma tarde y la mañana del martes 9 de junio.
Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación enfatizaron la necesidad de mantener bajo estricta reserva la identidad de la víctima, del imputado y las circunstancias específicas del crimen a juzgar. Esta medida busca preservar la imparcialidad absoluta de los rosarinos que resulten seleccionados para el tribunal y evitar cualquier tipo de contaminación de la prueba a través de la exposición mediática previa a las declaraciones en la sala.
Para la puesta en marcha de esta modalidad, la Oficina de Gestión Judicial debe conformar un tribunal integrado por 12 ciudadanos titulares y un número variable de suplentes, garantizando de forma obligatoria la paridad de género en su composición. El universo de selección abarca a personas radicadas dentro de la órbita de la Circunscripción Judicial N° 2, que incluye a residentes de Rosario, Funes, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Pérez, Roldán, Soldini y Zavalla, entre otras localidades aledañas.
Los requisitos básicos para formar parte del cuerpo exigen saber leer y escribir el idioma nacional, hallarse en pleno ejercicio de los derechos políticos y acreditar un mínimo de dos años de residencia inmediata en la región. Por contrapartida, la normativa vigente excluye explícitamente de esta carga pública a los miembros en actividad de las fuerzas de seguridad, integrantes del Poder Judicial, funcionarios políticos y ministros de cultos religiosos reconocidos.
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Durante el transcurso de las audiencias, la tarea de los 12 seleccionados se limitará exclusivamente a presenciar la producción de la prueba, los alegatos de la fiscalía y los argumentos de las defensas. La deliberación posterior es de carácter secreto. El jurado popular tiene como única y fundamental atribución dictar un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad respecto a los cargos imputados. La dosificación del monto de la pena y el encuadre estrictamente legal del fallo seguirán bajo la órbita exclusiva del magistrado técnico a cargo de dirigir el debate.
La llegada de los juicios por jurados a la ciudad de Rosario responde a la aplicación de la Ley Provincial N° 14.253, sancionada por la Legislatura santafesina el 21 de marzo de 2024 y promulgada apenas tres días después por el Poder Ejecutivo. Si bien la provincia ya registró sus primeras experiencias piloto bajo este marco normativo en los tribunales de San Cristóbal durante el año 2025, esta será la primera oportunidad en la que se aplicará en la jurisdicción del sur provincial, caracterizada por una complejidad y volumen de causas sustancialmente mayor.
De acuerdo con el texto de la reforma judicial, este procedimiento de participación ciudadana no se aplica a la totalidad de los delitos del Código Penal, sino que queda estrictamente reservado para los crímenes de mayor gravedad institucional y afectación social. Entre ellos se enumeran los homicidios calificados (como los femicidios y crímenes con alevosía), los robos seguidos de muerte, los abusos sexuales con resultado de muerte y los homicidios derivados de enfrentamientos armados entre personal policial y civiles.
Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron que el proceso de junio no será un hecho aislado en el calendario tribunalicio del año en curso. La planificación de la Fiscalía Regional contempla avanzar con celeridad en la agenda de litigación antes del inicio de la feria judicial de invierno. En tal sentido, los equipos fiscales ya trabajan en la preparación de las evidencias para llevar a cabo al menos otros dos juicios bajo la misma modalidad de tribunal popular antes de la finalización del primer semestre del año, consolidando la transición definitiva hacia el nuevo diseño de la justicia penal santafesina.

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