A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo nacional oficializó una poda presupuestaria que afecta salarios, infraestructura y planes de alfabetización en la previa de la movilización federal.
El escenario de conflicto entre la gestión de Javier Milei y el sistema educativo alcanzó un nuevo pico de tensión este martes. En las horas previas al inicio de la segunda Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional formalizó un recorte presupuestario de $78.500 millones que impacta directamente sobre las partidas destinadas a las universidades nacionales, el Plan Nacional de Alfabetización y el financiamiento de infraestructura escolar. La medida, publicada en el Boletín Oficial, profundiza el malestar en el sector académico y gremial, que reclama una recomposición salarial urgente frente a la inflación.
Alcance del ajuste en programas de alfabetización y salarios
La mayor incidencia del recorte se observa en el Plan Nacional de Alfabetización. Según los anexos de la normativa administrativa, esta área sufrió una quita de $35.288 millones. Estos fondos estaban originalmente destinados a transferencias directas a las provincias para fortalecer la formación básica en los niveles primarios. La decisión gubernamental se da en un contexto donde el propio Ministerio de Capital Humano había señalado la alfabetización como una prioridad estratégica de la gestión.
Asimismo, el ajuste afecta el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otras líneas de financiamiento de salarios. El desfasaje de los haberes frente al índice de precios al consumidor ha generado que, según los sindicatos universitarios, el poder adquisitivo de los docentes y no docentes haya caído más de un 35% en lo que va del año. Esta nueva quita presupuestaria limita la capacidad de negociación en las paritarias, que se encuentran virtualmente congeladas.
Impacto en infraestructura y becas estudiantiles
Otro de los puntos críticos del recorte reside en la infraestructura universitaria y los programas de asistencia directa a los alumnos. Las obras edilicias en curso, muchas de ellas con financiamiento internacional o convenios previos, verán demorada su ejecución debido a la reasignación de partidas. El Gobierno argumenta que estas medidas forman parte de la política de "déficit cero" y la optimización de los recursos del Estado, pero desde los rectorados advierten que la falta de mantenimiento pone en riesgo el funcionamiento básico de los edificios.
Las becas estudiantiles también se vieron afectadas por la redistribución de fondos. En un contexto de suba de tarifas de transporte y costos de materiales de estudio, la reducción de la cobertura o el congelamiento de los montos de las ayudas estatales incrementa la deserción en las facultades de todo el país.
"El desfinanciamiento no es solo una cuestión de números, es un ataque directo a la permanencia de los hijos de la clase trabajadora en la universidad pública", señalaron referentes de los centros de estudiantes durante las asambleas previas a la movilización.
Contexto de la Marcha Federal Universitaria
La oficialización de este recorte funciona como un catalizador para la protesta que se desarrolla hoy en las principales ciudades del país. En Rosario, se espera una convocatoria masiva que confluirá frente al Monumento Nacional a la Bandera. La Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto a gremios como COAD y diversos sectores de la educación media y técnica, encabeza el reclamo local.
La comunidad académica sostiene que el presupuesto prorrogado de 2025 es insuficiente para cubrir los gastos operativos de 2026, considerando el aumento de las tarifas de servicios públicos que las instituciones deben afrontar. El Gobierno, por su parte, mantiene una postura rígida, insistiendo en la necesidad de auditar los gastos de las universidades antes de girar nuevos fondos, una demanda que los rectores aseguran cumplir a través de los mecanismos legales vigentes.
Datos clave del recorte presupuestario
El impacto fiscal de la medida se desglosa de la siguiente manera:
Total de recorte: $78.512 millones de pesos.
Alfabetización: Disminución de $35.288 millones en transferencias provinciales.
Obras y Equipamiento: Recorte superior a los $15.000 millones.
Salarios y Becas: Afectación directa por la falta de actualización de partidas frente a la inflación proyectada.
Esta decisión administrativa se suma a la serie de tensiones acumuladas desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, donde la educación pública se ha convertido en uno de los principales focos de disputa ideológica y económica. El resultado de la movilización de hoy marcará el pulso de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, donde se debaten proyectos para blindar por ley el presupuesto educativo.
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