La senadora nacional por Santa Fe enfrentará un proceso judicial tras la presentación realizada por referentes de derechos humanos, quienes cuestionan su proyecto de ley para endurecer penas ante presuntas falsas denuncias en casos de abuso.
La senadora nacional Carolina Losada fue denunciada penalmente ante la justicia federal por la autoría y promoción de un proyecto de ley que busca incrementar las sanciones por "falsas denuncias" y "falso testimonio". La presentación judicial, encabezada por figuras de trayectoria en el ámbito del derecho y los derechos humanos, acusa a la legisladora santafesina de incurrir en delitos que incluyen apología del crimen, coacción, encubrimiento agravado y abuso de autoridad.
El conflicto legal surge a partir de la iniciativa parlamentaria de Losada que pone el foco en los procesos judiciales vinculados a violencia de género, abuso sexual y violencia contra menores de edad. Según los denunciantes, el proyecto carece de sustento estadístico y representa un intento de intimidación hacia los profesionales que intervienen en la asistencia de víctimas, generando un marco de desprotección para niños, niñas y adolescentes.
Los fundamentos de la presentación judicial
La denuncia cuenta con el respaldo de nombres de peso en el sistema judicial y académico. Entre los firmantes se encuentran el exjuez de Cámara Federal, Carlos Rozanski; la psicóloga y periodista Liliana Hendel; y la prestigiosa intelectual Dora Barrancos. A ellos se sumaron referentes históricos de organismos de derechos humanos como Taty Almeida y Nelly Minyersky, además de profesionales de la salud mental y la ciencia como Alberto Kornblihtt y Diana Maffía.
El argumento central de la acusación sostiene que la propuesta de la senadora configura un "plan de coacción e intimidación" dirigido específicamente a profesionales de la psicología y disciplinas afines. Los denunciantes advierten que, de prosperar una normativa de este tipo, se disuadiría a los especialistas de atender a víctimas de abusos sexuales —ya sean intrafamiliares, institucionales o vinculados a redes de trata— por temor a ser perseguidos judicialmente bajo la figura de la falsa denuncia.
Para el grupo de denunciantes, el accionar de Losada sobrepasa la labor legislativa para convertirse en una violación de los deberes de funcionario público. Sostienen que el proyecto no busca mejorar el sistema de justicia, sino que actúa como un mecanismo de encubrimiento agravado para posibles abusadores, al dificultar el acceso a la denuncia y la validación del testimonio de las víctimas.
Estadísticas y el debate sobre las falsas denuncias
Uno de los puntos de mayor fricción en la denuncia penal es la supuesta inexistencia de un fenómeno masivo de denuncias falsas que justifique una reforma penal de tal magnitud. La presentación judicial se apoya en datos técnicos para rebatir la premisa de la senadora santafesina.
"El proyecto impulsado por Losada se apoya en un fenómeno sin sustento estadístico real en los tribunales argentinos", señala el texto de la denuncia.
En sintonía con esta postura, un informe reciente del Observatorio de Violencia de Género reveló cifras que contradicen el discurso de la legisladora. De acuerdo con el relevamiento, las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de las causas iniciadas por violencia de género y abuso en el país. Esta cifra marginal es utilizada por los especialistas para demostrar que la prioridad legislativa debería estar centrada en la celeridad de los procesos y la protección de las víctimas, en lugar de en el castigo preventivo a quienes denuncian.
Desde la perspectiva de los denunciantes, elevar las penas por falso testimonio en estos contextos específicos vulnera tratados internacionales de protección a la infancia y a las mujeres a los que Argentina ha suscrito con jerarquía constitucional. Advierten que la instalación de esta agenda en el Congreso responde más a un posicionamiento político que a una necesidad técnica del sistema penal.
El impacto institucional y el rol de los profesionales
La acusación por "apología del crimen" resulta especialmente sensible en el ámbito legislativo. Los denunciantes consideran que, al proponer una ley que facilita la impunidad de los agresores mediante la amenaza judicial a las víctimas y sus peritos, Losada está reivindicando indirectamente las conductas delictivas que el Estado debería combatir.
El impacto social de este proyecto también es materia de análisis en la causa. Se argumenta que el discurso de la "falsa denuncia" tiene una consecuencia inmediata: la revictimización. Cuando un profesional de la salud o un docente duda en denunciar un presunto abuso por temor a terminar él mismo sentado en el banquillo de los acusados, el sistema de protección se quiebra.
La Justicia Federal deberá ahora determinar si el ejercicio de la función legislativa de Losada cruzó el límite hacia la comisión de delitos penales. Mientras tanto, el proyecto de la senadora continúa generando un fuerte rechazo en organizaciones sociales y sectores académicos, quienes ven en esta iniciativa un retroceso en las políticas de género y niñez consolidadas en la última década en Argentina. El caso abre un debate profundo sobre los límites de la actividad parlamentaria y la responsabilidad de los legisladores al momento de proponer reformas que afectan derechos fundamentales.
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