La Cámara Federal de la Seguridad Social ratificó la restitución del beneficio como viuda de Néstor Kirchner. El Gobierno apelará ante la Corte Suprema.
La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario presentado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y dejó firme la resolución que ordena restituir la pensión de privilegio a la exmandataria Cristina Kirchner. Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la medida, que representa un nuevo capítulo en la disputa judicial por las asignaciones vitalicias de la exjefa de Estado.
Los argumentos judiciales para la restitución del beneficio
La decisión de la Sala III, integrada por los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, sostiene que la ANSES no tiene facultades administrativas para dar de baja de forma definitiva un beneficio de esta naturaleza por cuestiones de "honorabilidad". El tribunal diferenció técnicamente entre la jubilación como expresidenta y la pensión como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.
En su resolución, los magistrados consideraron que, si bien la condena en la causa Vialidad podría habilitar la suspensión de su jubilación presidencial, la pensión derivada de su cónyuge fallecido posee un carácter jurídico distinto. Bajo este criterio, la Justicia declaró admisible el reclamo de la expresidenta, señalando que el organismo previsional incurrió en una interpretación errónea del derecho al intentar eliminar ambos cobros mediante una resolución administrativa.
La Cámara argumentó que la ANSES solo podría, en determinadas condiciones, suspender el pago pero no extinguir el derecho al beneficio basándose en una valoración de conducta ética, ya que esto excedería las competencias del organismo. Este punto fue central para frenar los efectos de la Resolución 1092, dictada a fines de 2024, que buscaba despojar a la exvicepresidenta de sus haberes mensuales.
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y la normativa previsional
Desde el Ministerio de Capital Humano, cartera que conduce Sandra Pettovello, se emitió un comunicado oficial manifestando su disconformidad con el fallo. El Gobierno sostiene que la decisión de la Cámara afecta el principio de legalidad y omite la inhabilitación absoluta que pesa sobre Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena penal. Para el Ejecutivo, el cobro de estas asignaciones es incompatible con una sentencia por administración fraudulenta.
"La resolución judicial omite considerar la prohibición expresa del derecho al cobro ante la condena e inhabilitación absoluta", señalaron fuentes oficiales. El Gobierno también cuestionó la existencia de un "derecho alimentario afectado", argumentando que la situación patrimonial de la exmandataria no justifica la urgencia en la restitución de una cifra que consideran de privilegio frente al resto de los jubilados del sistema general.
La estrategia oficial ahora se traslada a la Corte Suprema de Justicia. Al haber sido rechazado el recurso extraordinario en la instancia de Cámara, la única vía disponible para el Estado es el recurso de queja. Este procedimiento no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia de la Sala III, lo que implica que, técnicamente, la ANSES debería proceder a liquidar los haberes de la pensión mientras el máximo tribunal del país analiza el fondo de la cuestión.
Antecedentes y el impacto de la causa Vialidad
El origen de este enfrentamiento se remonta a noviembre de 2024, cuando la gestión de Javier Milei decidió dar de baja los beneficios previsionales de Cristina Kirchner. La medida se tomó pocos días después de que la Cámara de Casación Penal confirmara la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz.
En aquel momento, el vocero presidencial Manuel Adorni había justificado la quita bajo el concepto de que las asignaciones de privilegio se otorgan como un reconocimiento al honor y al mérito, los cuales se considerarían perdidos ante una condena por delitos contra la administración pública. Sin embargo, la defensa de la expresidenta siempre sostuvo que estas asignaciones son derechos adquiridos y que no dependen de la "buena conducta" posterior al ejercicio del cargo.
El fallo actual establece un precedente complejo sobre la naturaleza de las pensiones de expresidentes. Al separar la jubilación propia de la pensión por viudez, la Justicia introduce una división técnica que limita la capacidad del Poder Ejecutivo de utilizar la baja de haberes como una sanción accesoria a una condena penal, reservando esa potestad estrictamente al ámbito legislativo o a procesos judiciales específicos que agoten todas las instancias.
Repercusiones políticas y el camino hacia la Corte
La decisión judicial generó reacciones inmediatas en el arco político. Desde el entorno de Cristina Kirchner celebraron la medida como un freno al "hostigamiento administrativo" del actual gobierno, mientras que legisladores del oficialismo tildaron el fallo de "vergonzoso" y reclamaron una reforma integral de la Ley 24.018, que regula las asignaciones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes.
El impacto económico de la restitución es significativo, no solo por el monto mensual de la pensión, sino por los retroactivos que podrían generarse desde el momento en que se interrumpió el pago. No obstante, la batalla legal está lejos de terminar. La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre si un exmandatario condenado puede seguir percibiendo beneficios que, en su esencia, fueron creados como una distinción honorífica por el servicio prestado a la Nación.
Por el momento, la exmandataria recupera uno de sus dos ingresos mensuales de privilegio, mientras el sistema judicial argentino vuelve a ponerse a prueba en la delicada frontera entre el derecho previsional, la ética pública y el cumplimiento de las sentencias penales en las más altas esferas del poder.
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