Los allegados de las 114 personas fallecidas por el fármaco adulterado exigen una ley de trazabilidad y critican la inacción legislativa ante la falta de controles en los laboratorios responsables.
El Congreso de la Nación será este viernes el epicentro de una nueva movilización de familiares de víctimas del fentanilo adulterado, una crisis sanitaria que ya se cobró la vida de 114 personas en distintas provincias de la Argentina. La protesta, cargada de reclamos hacia el arco político, busca presionar por avances en la causa penal contra los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, al tiempo que exige una legislación que endurezca los controles sobre la producción y distribución de fármacos de alta complejidad.
La convocatoria se produce en un clima de profunda tensión entre los damnificados y el oficialismo. Voceros de las familias afectadas manifestaron su descontento con el tratamiento legislativo del tema, al asegurar que sus casos han sido utilizados de manera proselitista sin que ello se traduzca en soluciones concretas o en un acompañamiento real a los procesos judiciales en curso.
La denuncia por la falta de trazabilidad farmacéutica
El eje central del reclamo reside en la ausencia de una ley de trazabilidad exhaustiva para medicamentos críticos. Daniel Oviedo, cuyo hijo falleció el 17 de mayo de 2025 en el Hospital Italiano de La Plata tras una prolongada agonía por una infección bacteriana derivada del fármaco, se convirtió en una de las voces más críticas contra la gestión parlamentaria actual. Según Oviedo, existe una falta de voluntad política por parte de La Libertad Avanza y sus aliados para resolver las fallas estructurales que permitieron la circulación de lotes contaminados.
Uno de los puntos de mayor fricción es el proyecto de ley presentado por la diputada Silvana Giudici, que propone un sistema de alertas tempranas. Para los familiares, esta iniciativa llega a destiempo y no ataca la raíz del problema: la responsabilidad empresarial y la fiscalización del Estado sobre las plantas de producción. "Presentó un proyecto de alerta cuando ya se ahogó el niño", graficó Oviedo, sintetizando el sentimiento de desprotección que atraviesan las familias que aún esperan respuestas de la Justicia.
El impacto de la crisis sanitaria en Rosario y el resto del país
Aunque la causa tiene alcance nacional, la ciudad de Rosario ha sido uno de los focos más críticos de la tragedia. Una parte significativa de las víctimas fatales y de los sobrevivientes con secuelas permanentes fueron atendidos en efectores de salud locales. Los informes oficiales actualizados a abril de 2026 confirman que, además de los 114 fallecimientos, existen 49 personas bajo seguimiento médico estricto debido a infecciones bacterianas graves contraídas durante la administración del fentanilo producido por HLB Pharma.
La investigación judicial ha puesto bajo la lupa los procesos de esterilización y control de calidad en las plantas involucradas. La citación a declarar del dueño de HLB Pharma este 24 de abril marca un hito en el proceso, mientras los peritajes intentan determinar cómo una sustancia destinada a cuidados paliativos y anestesia terminó portando agentes patógenos letales que desencadenaron un brote infeccioso a gran escala.
Antecedentes y consecuencias de un sistema de control fallido
El caso del fentanilo adulterado no es un hecho aislado en la historia reciente de la industria farmacéutica local, pero sí el más letal por su alcance multijurisdiccional. La crisis puso en evidencia las grietas en los mecanismos de inspección de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la necesidad de protocolos de retiro de mercado mucho más ágiles.
"Nos han usado políticamente, han militado con nuestro dolor y con nuestros muertos", expresaron los familiares en un comunicado conjunto previo a la marcha. Esta frase resume el quiebre de confianza entre los ciudadanos afectados y las instituciones. Para los especialistas, el impacto económico de las demandas civiles que enfrentarán los laboratorios y el propio Estado nacional podría ser millonario, aunque para los padres y sobrevivientes, la prioridad absoluta sigue siendo la sanción de una norma que impida que el lucro empresarial se anteponga a la seguridad del paciente.
La jornada de protesta en el Congreso no solo busca recordar a los fallecidos, sino evitar que la causa se diluya en el tiempo. La exigencia de una ley de trazabilidad que controle cada etapa de la cadena de suministro, desde la fabricación hasta la aplicación en el hospital, es vista como la única garantía para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse en el sistema de salud argentino.
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