La comisión de Control y Seguridad del Concejo Municipal comenzó a dar forma definitiva a un nuevo protocolo contra las picadas clandestinas, una iniciativa que endurece las sanciones y busca una coordinación directa con la Justicia Penal para terminar con las carreras en las calles de Rosario.
Un esquema integral de control y persecución penal
El proyecto, presentado originalmente por la concejal Samanta Arias (La Libertad Avanza), dejó de ser una propuesta aislada para transformarse en un eje de consenso dentro del Palacio Vasallo. Tras las últimas reuniones de comisión, la iniciativa sumó el respaldo del oficialismo y aportes técnicos del Ejecutivo municipal, lo que garantiza un tratamiento acelerado para su aprobación definitiva.
El cambio de paradigma que propone esta ordenanza es el paso de los operativos de control estáticos a una estrategia de "persecución sistemática". El protocolo establece una hoja de ruta clara para las fuerzas de control urbano y la policía, permitiendo una respuesta inmediata ante la detección de concentraciones de vehículos con fines de competición en la vía pública.
"Queremos terminar con las picadas ilegales en nuestra localidad. En Rosario, el que crea que puede usar la calle como pista de carreras, tiene que saber que vamos a ser inflexibles", afirmó Arias durante la defensa de su propuesta, subrayando que la normativa no solo busca multar, sino desarticular la logística de estos eventos.
Coordinación con el Ejecutivo y nuevas herramientas de sanción
La principal novedad del protocolo radica en la articulación administrativa y judicial. El texto en discusión plantea que la Municipalidad actúe de manera preventiva mediante el monitoreo de cámaras de seguridad y redes sociales, lugares donde habitualmente se coordinan estos encuentros. Una vez detectada la infracción, el esquema de "tolerancia cero" habilita la remisión inmediata de los vehículos al corralón sin posibilidad de morigerar las multas mediante tareas comunitarias en casos de reincidencia o conducción temeraria.
Desde el oficialismo local han visto con buenos ojos la unificación de criterios. La intención es que las áreas de Control y Convivencia cuenten con un respaldo normativo más sólido para intervenir en zonas críticas como la zona norte, la avenida Belgrano o las inmediaciones del Parque Scalabrini Ortiz, puntos donde las denuncias de los vecinos por ruidos molestos y riesgo de vida son constantes.
El aporte de otros bloques políticos ha enriquecido el proyecto original, sumando la obligatoriedad de programas de reeducación vial específicos para quienes sean detectados participando de estas competencias. Sin embargo, el foco principal sigue siendo la sanción económica y la inhabilitación para conducir, con escalas que podrían duplicar los montos actuales para quienes organicen o promuevan las picadas.
El impacto social y los antecedentes en la ciudad
La problemática de las picadas en Rosario no es nueva, pero la gravedad de los incidentes registrados en el último año ha incrementado la presión social sobre los legisladores. Según datos de los últimos operativos municipales, se ha detectado una profesionalización de estas actividades, con el uso de sistemas de alerta para evadir los controles y la participación de vehículos preparados técnicamente que triplican las velocidades máximas permitidas.
El protocolo busca responder a una demanda histórica de los familiares de víctimas de siniestros viales. La figura de "conducción temeraria", contemplada en el Código Penal, será el puente para que la Municipalidad no solo actúe como ente sancionador de faltas de tránsito, sino también como denunciante ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
"No se trata solo de ruidos que no dejan dormir a los vecinos, estamos hablando de un riesgo real y latente para cualquier peatón o conductor que circula por la ciudad", señalaron desde el Ejecutivo. La implementación de esta norma significará una inversión en tecnología de detección, incluyendo cinemómetros móviles de última generación y un sistema de alerta temprana vinculado al centro de monitoreo municipal.
Plazos para la implementación del protocolo
Con el visto bueno de las comisiones de Seguridad y Gobierno, se espera que el texto llegue al recinto en las próximas sesiones. De aprobarse, Rosario contaría con uno de los marcos normativos más estrictos del país para combatir las carreras ilegales.
La puesta en marcha del protocolo implicará además una capacitación especial para los agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y la Secretaría de Control, quienes deberán actuar bajo parámetros estrictos para garantizar que el material probatorio —videos y mediciones de velocidad— sea válido tanto para el Tribunal de Faltas como para la justicia provincial. La meta es clara: eliminar la sensación de impunidad que hoy rodea a las picadas nocturnas en las arterias principales de la localidad.
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