La Casa Rosada admitió que no cuenta con el consenso legislativo necesario para derogar las primarias y recalibra su estrategia parlamentaria para evitar una derrota en el Congreso.
En un giro de pragmatismo político, el Poder Ejecutivo decidió frenar el envío del proyecto de reforma política que buscaba, entre otros puntos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La falta de una mayoría sólida en la Cámara de Diputados y la resistencia de los bloques aliados obligaron al oficialismo a postergar una de sus promesas de campaña en materia institucional.
La decisión de retirar el tema de la agenda inmediata responde a un exhaustivo punteo de votos realizado por los principales operadores parlamentarios de La Libertad Avanza. Según fuentes de la Casa Rosada, el diagnóstico fue tajante: forzar el tratamiento en este escenario hubiera conducido a un rechazo seguro, afectando el capital político del Presidente en un año clave para la gestión.
El factor parlamentario y el rechazo de los aliados
A pesar de la narrativa de austeridad que el Gobierno intentó imprimir al debate, argumentando que el sistema actual implica un gasto innecesario para el Estado, la oposición dialoguista no acompañó la iniciativa. Bloques como el PRO y sectores del radicalismo manifestaron que, si bien están dispuestos a discutir modificaciones, la eliminación total de las PASO "atenta contra la democratización interna de los partidos".
El oficialismo reconoció que la prioridad ahora es preservar la cohesión con sus aliados estratégicos para otros proyectos de índole económica. "No podemos quemar puentes por una reforma que no tiene el número hoy", deslizaron desde el entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara baja. Ante este panorama, la estrategia viraría hacia una posible "suspensión" por única vez, aunque esa opción también encuentra resistencias legales.
El impacto económico de un sistema bajo la lupa
Uno de los ejes centrales que el Gobierno pretendía utilizar para traccionar la reforma era el costo fiscal del proceso electoral. Según proyecciones del Presupuesto 2026, la organización de las elecciones primarias representa una erogación que supera los 50.000 millones de pesos, cifra que el Ejecutivo buscaba reasignar hacia partidas de asistencia social directa.
"Es un sistema costoso que no cumple su función original, ya que la mayoría de los partidos presentan listas únicas", argumentan desde el Ministerio del Interior. Sin embargo, para los especialistas en derecho electoral, el ahorro económico no debería ser el único parámetro para modificar las reglas de juego democrático, especialmente cuando el calendario electoral ya está en marcha en el imaginario de las provincias.
Antecedentes y la vigencia del modelo actual
Desde su implementación en 2009, las PASO han sido objeto de constantes críticas y defensas. Mientras que sus detractores las consideran una "encuesta cara", sus defensores sostienen que permitieron ordenar la oferta electoral y evitar que las cúpulas partidarias elijan candidatos "a dedo".
En la historia reciente de Argentina, varios gobiernos intentaron modificar el sistema de votación sin éxito. La última reforma de gran calado fue la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), la cual sí logró consenso y se estrenará a nivel nacional en los próximos comicios. El fracaso actual en la eliminación de las primarias refuerza la idea de que cualquier cambio en las reglas electorales requiere de un "gran pacto" que, por ahora, parece lejano.
El escenario hacia las próximas elecciones
Con la reforma política en el "freezer", los partidos políticos ya comenzaron a diagramar sus estrategias de cara a 2027 bajo el régimen vigente. Esto implica que las fuerzas deberán prepararse para una doble contienda, lo que obliga a las coaliciones a definir sus liderazgos internos a través del voto popular y no mediante acuerdos de oficina.
"La postergación es, en realidad, un reconocimiento de la debilidad propia en el Congreso", señalan desde Unión por la Patria, donde celebran que el oficialismo no haya podido avanzar con lo que consideran un intento de "debilitar a la oposición". Por lo pronto, el Gobierno se enfocará en la Ley de Hojarasca y otras reformas administrativas, dejando la ingeniería electoral para un momento de mayor fortaleza legislativa.
La decisión de postergar el debate marca un hito en la relación del Ejecutivo con el Legislativo, demostrando que, incluso para una administración que busca romper con el "status quo", los números en el recinto siguen siendo la frontera infranqueable de la política argentina.
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