El senador provincial acusó a los funcionarios del MPA de intentar forzar una declaración en su contra mediante el uso ilegal de la figura del arrepentido.
La pulseada judicial y política en la provincia de Santa Fe sumó un nuevo capítulo de alta tensión. El senador Armando Traferri presentó una denuncia penal ante la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, contra los fiscales rosarinos José Luis Caterina y Marisol Fabbro. El legislador los acusa de montar una maniobra ilegal para obtener testimonios incriminatorios en su contra, bajo la amenaza de imputar a un tercero si este no aceptaba acogerse a un régimen de colaboración.
El escrito judicial, que cuenta con el patrocinio de los abogados Néstor y Mariana Oroño, sostiene que los fiscales habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y coacción. La base de la acusación reside en una serie de correos electrónicos oficiales enviados desde la casilla del fiscal Caterina hacia el defensor del abogado José Fernández Chemes, un profesional que, hasta ese momento, no figuraba como imputado en la causa en cuestión.
Los correos electrónicos y la "subasta de delaciones"
El eje del conflicto se centra en un intercambio electrónico que salió a la luz recientemente. Según la denuncia, los fiscales notificaron al defensor de Fernández Chemes sobre la supuesta decisión de avanzar con imputaciones por asociación ilícita. Sin embargo, acto seguido, le ofrecieron una "salida": acogerse a la figura del imputado colaborador (conocido como "arrepentido") en una situación de "prioridad" respecto a otros investigados.
Para Traferri, este proceder constituye una irregularidad técnica insalvable. La figura del arrepentido, según el Código Penal, solo puede aplicarse a quien ya reviste la calidad de autor o partícipe de un delito y se encuentra formalmente sometido a proceso. Al no estar imputado Fernández Chemes, el ofrecimiento de los fiscales carecería de sustento legal.
En el escrito, el senador describe este mecanismo como una "subasta de delaciones". Según su visión, los fiscales habrían utilizado la amenaza de una imputación inminente como una herramienta de presión para obtener una confesión dirigida. "Los fiscales habrían ofrecido un beneficio legalmente imposible de otorgar, lo cual evidencia que el mail enviado no fue un acto legalmente válido, sino un instrumento ilícito de presión", reza el texto presentado ante la Fiscalía General.
Encuadre legal: abuso de autoridad y prevaricato
La denuncia detalla tres figuras penales específicas que habrían violado los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA):
Abuso de autoridad: El senador sostiene que utilizar el proceso penal para fines ajenos a la búsqueda de justicia y negociar imputaciones bajo reserva representa un ejercicio arbitrario del poder.
Prevaricato: Se acusa a los fiscales de subvertir el orden procesal. En lugar de investigar para luego imputar sobre la base de pruebas, habrían anunciado la imputación como un "castigo" por no aceptar el rol de colaborador.
Coacción: El hecho de compeler a un tercero mediante el anuncio de causas pendientes, con un plazo perentorio de 72 horas para responder, es interpretado por la defensa de Traferri como una maniobra coactiva directa.
Además, Traferri solicitó formalmente que la investigación no quede en manos de la jurisdicción de Rosario. El pedido expreso a Vranicich es que la denuncia sea derivada a una fiscalía de la Primera Circunscripción (Santa Fe capital), argumentando que en Rosario existe una estructura de persecución montada en su contra.
Antecedentes y el fantasma del "Lawfare" provincial
Este nuevo avance judicial no es un hecho aislado. Se enmarca en una larga batalla que comenzó en 2020, cuando Traferri fue señalado en una causa de juego clandestino. Desde entonces, el legislador ha denunciado sistemáticamente ser víctima de una operación política encabezada por el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien hoy se encuentra imputado por presunto espionaje ilegal.
Traferri recordó que las principales declaraciones en su contra provinieron de figuras como el exfiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario Leonardo Peiti. Ambos obtuvieron beneficios procesales sustanciales y recuperaron su libertad tras declarar como arrepentidos, un método que el senador cuestiona por considerarlo viciado de parcialidad y conveniencia política.
La situación de los fiscales en Santa Fe atraviesa un momento crítico. Semanas atrás, el Auditor General de Gestión del MPA, Leandro Mai, ya había elevado a la Legislatura una presentación similar contra Caterina y Fabbro. A esto se suma el apartamiento previo del fiscal Matías Edery, envuelto en un escándalo por presuntos vínculos y cobertura a una informante ligada a la banda de "Los Monos".
El impacto de esta denuncia no solo sacude al Poder Judicial, sino que pone en tela de juicio la objetividad del MPA en causas de alta relevancia institucional. Mientras tanto, el senador sanlorencino insiste en que las maniobras detectadas en los correos electrónicos prueban que el objetivo final nunca fue la verdad jurídica, sino su remoción del escenario político provincial.
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