Los balances oficiales de la ONG muestran un financiamiento sostenido por parte de potencias extranjeras durante la última década, lo que reabre el debate sobre la independencia de los verificadores de datos.
Tras la difusión de una presunta operación rusa para influir en medios locales, el foco de la opinión pública viró hacia el financiamiento de las propias organizaciones de "fact-checking". Un relevamiento de los estados contables de Chequeado, la entidad liderada por Laura Zommer, expone que la organización percibió al menos 309.843.995 pesos provenientes de sedes diplomáticas y organismos internacionales.
El flujo de fondos no es una sospecha, sino que consta en las memorias institucionales de la entidad. Solo entre 2024 y 2025, la organización admitió ingresos de la Embajada de Estados Unidos por más de 23 millones de pesos, sumados a aportes de Canadá, Suiza y la Unión Europea. Esta estructura de ingresos se repite de forma ascendente desde 2014, año en que comenzaron los primeros registros de aportes norteamericanos.
El rol de Estados Unidos y los proyectos con línea editorial
La relación con la sede diplomática estadounidense es la más estrecha y voluminosa. En el periodo 2022-2023 se registró un pico de 92,9 millones de pesos destinados a investigaciones sobre desinformación en torno a la guerra en Ucrania. Otros proyectos financiados incluyen capacitaciones a periodistas con "perspectiva de género" y programas de formación ambiental desarrollados en conjunto con la embajada.
"¿Puede un medio que recibe financiamiento directo para investigar determinados temas sostener independencia editorial plena sobre esos mismos ejes?", cuestiona el informe que analiza la trazabilidad de estos fondos. La preocupación radica en que los donantes no solo aportan capital, sino que financian agendas específicas como el programa "Mi Primer Voto" o estudios sobre desinformación internacional.
Contraste con la denuncia de injerencia rusa
La polémica crece al comparar estas cifras documentadas con la reciente denuncia sobre una presunta red de propaganda rusa en Argentina. Aquella investigación internacional mencionaba un presupuesto de 283.000 dólares para influir en contenidos, pero el propio informe aclaraba que "no se pudieron verificar pagos ni receptores".
En contraste, los balances de Chequeado muestran transferencias efectivas y millonarias. Mientras la presunta operación del Kremlin se mantiene en el terreno de las hipótesis sin comprobación de transferencias, la organización de Zommer reconoce el financiamiento de potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá para sostener su estructura operativa.
Vínculos políticos y el impacto en la credibilidad
La conducción de la organización también aporta una capa de complejidad al escenario. Laura Zommer es exfuncionaria del gobierno de Néstor Kirchner y esposa de Nicolás Ducoté, exintendente de Pilar por el PRO, quien enfrenta procesos judiciales por malversación de fondos públicos.
Este entramado de relaciones políticas, sumado a la participación de la ONG en redes globales de fact-checking financiadas externamente, plantea un interrogante sobre quién supervisa a quienes se autodenominan árbitros de la verdad. En un contexto de fuerte polarización, la dependencia económica de gobiernos extranjeros condiciona el debate sobre la soberanía informativa en el ecosistema digital argentino.
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