En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el hijo de la vendedora del inmueble de Caballito detalló ante la Justicia el acuerdo financiero con el jefe de Gabinete.
La investigación judicial que rodea al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles un testimonio clave que complica su situación procesal. Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento al funcionario, declaró durante más de dos horas ante la fiscalía y confirmó la existencia de un pago adicional de 65.000 dólares que no fue declarado en la escritura pública de la propiedad.
La declaración de Feijoo es una pieza central en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que busca determinar si existe una inconsistencia insalvable entre los ingresos declarados por el funcionario nacional y el costo real de su vivienda en el barrio porteño de Caballito. Según trascendió de fuentes judiciales, el testigo explicó que ese monto extra fue pactado para evitar una pérdida económica ante la desvalorización de la operación original.
Los detalles de la operación inmobiliaria en Caballito
El inmueble en disputa, ubicado en la calle Miró al 500, se convirtió en el eje de la polémica no solo por su valor, sino por las particulares condiciones de financiación. Feijoo precisó ante los investigadores que él mismo estuvo a cargo de las negociaciones y de supervisar las obras de remodelación de la propiedad. Según su testimonio, el pago de los 65.000 dólares por fuera de los documentos oficiales fue una condición consensuada con Adorni.
Este dato refuerza la hipótesis de la fiscalía sobre una posible subestimación del valor real del mercado en los papeles presentados ante la Oficina Anticorrupción. Hasta el momento, se sabía que la vendedora le había financiado a Adorni más del 85% del valor total del inmueble, un beneficio financiero poco habitual en el mercado inmobiliario argentino, especialmente bajo las condiciones de inestabilidad actuales.
La operatoria declarada por Feijoo bajo juramento pone el foco en el origen de esos fondos. Si el pago existió y no fue registrado, el jefe de Gabinete deberá justificar de dónde provino ese dinero y por qué no fue asentado en la escritura traslativa de dominio. La justicia intenta determinar si esta maniobra fue un mecanismo para ocultar un patrimonio superior al que el funcionario puede justificar con su actividad pública y privada previa.
Un escenario de presión política y judicial
La situación judicial de Manuel Adorni se da en un contexto de alta sensibilidad para el Gobierno. Mientras el jefe de Gabinete se prepara para asistir a la Cámara de Diputados en las próximas semanas para brindar su informe de gestión, el avance de esta causa amenaza con monopolizar la agenda legislativa. La oposición ya adelantó que solicitará precisiones sobre la evolución patrimonial del vocero convertido en ministro.
El impacto de la noticia también tiene una arista social relevante. La causa avanzó en la misma semana en que informes de la UCA (Universidad Católica Argentina) revelaron que la pobreza infantil alcanzó al 53,6% de los niños en el país. El contraste entre la situación económica general y la compra de una propiedad de lujo con financiamiento privilegiado y pagos "en negro" ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores de la opinión pública.
Por otro lado, la defensa de Adorni sostiene que la operación fue transparente y que el financiamiento respondió a un acuerdo entre privados sin irregularidades. Sin embargo, la confesión de Feijoo sobre el monto extra de 65.000 dólares introduce una variable que la ley argentina sanciona: la omisión de datos en documentos públicos y la posible evasión tributaria, que en el caso de un funcionario público, se agrava bajo la figura de enriquecimiento ilícito.
Antecedentes y consecuencias legales
No es la primera vez que el patrimonio de un funcionario de primera línea es cuestionado por la compra de bienes raíces. Sin embargo, la especificidad de este caso radica en la declaración directa de la contraparte vendedora. "Fue la forma de no perder dinero en la operación", habría justificado Feijoo ante el fiscal, intentando desmarcar su responsabilidad personal pero dejando expuesto el mecanismo utilizado por el comprador.
De confirmarse la inconsistencia, el jefe de Gabinete podría enfrentar un procesamiento. El Código Penal argentino establece penas severas para el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos. En los próximos días, se espera que la fiscalía solicite nuevas medidas de prueba, incluyendo el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni para cruzar los datos aportados por Feijoo con los movimientos financieros del funcionario.
La causa Miró —como ya se la conoce en los pasillos de Comodoro Py— promete nuevos capítulos con la citación de peritos tasadores que deberán determinar si el valor de mercado de la propiedad en el momento de la venta coincidía con lo declarado o si, efectivamente, el pago extra de 65.000 dólares era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de una operación sospechosa.
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