El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial confirmó una leve baja en las denuncias al 911, aunque ya se contabilizan 404 incidentes y 73 autores identificados en lo que va del año.
La ola de amenazas de bomba y ataques virtuales que mantuvo en vilo a la comunidad educativa de Santa Fe durante el primer cuatrimestre de 2026 parece haber encontrado un techo. Según datos oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, se detectó una incipiente desaceleración en la frecuencia de estos llamados al sistema de emergencias 911. El fenómeno coincide con la implementación de una política de "tolerancia cero" por parte del Ejecutivo, que comenzó a trasladar el costo operativo de los despliegues policiales a los padres o tutores de los menores responsables.
Hasta el jueves 23 de abril, las estadísticas oficiales registraron un total de 404 denuncias por presuntas amenazas de tiroteos o artefactos explosivos en establecimientos educativos de todo el territorio santafesino. Si bien la cifra es elevada, el ritmo de crecimiento diario mostró una curva descendente en la última semana. La identificación de 73 autores materiales de estas comunicaciones permitió al Estado avanzar en la fase punitiva económica, enviando hasta el momento 39 notificaciones de cobro para resarcir los gastos que demandan los protocolos de seguridad.
El impacto de las multas en el comportamiento social
La estrategia de la administración provincial se basó en un principio pragmático: el impacto en el bolsillo como método de disuasión. La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, explicó que la merma en las incidencias responde a una toma de conciencia forzada por las consecuencias financieras que enfrentan las familias.
"Estamos muy lejos del escenario ideal, pero ya se comienza a ver una merma en cuanto a las incidencias que se recepcionan en el 911", señaló la funcionaria en diálogo con la prensa local. Orciani fue tajante al analizar la idiosincrasia detrás del fenómeno: "Creemos que eso sucede ya que los argentinos estamos acostumbrados a reflexionar sobre lo que hacemos cuando nos toca pagar".
La medida no solo busca reducir el número de delitos, sino también "dejar indemne al Estado". Cada vez que ingresa una amenaza, se activa un protocolo que involucra a la Brigada de Explosivos, personal policial de calle, servicios de salud en alerta y, en muchos casos, la interrupción total de la actividad escolar y el tránsito en zonas aledañas. Este despliegue representa un gasto millonario que, bajo la nueva normativa, debe ser cubierto por los responsables legales de los menores implicados.
Protocolos de seguridad y recursos estatales en juego
El uso de recursos públicos para atender falsas alarmas es uno de los puntos que más preocupa a las autoridades, dado que distrae patrulleros y especialistas de emergencias reales. La implementación de las sanciones económicas busca equilibrar esa balanza. Cuando se identifica el origen de la llamada, el área legal de Seguridad inicia un proceso administrativo para tasar el costo de ese operativo específico, incluyendo horas hombre, combustible y amortización de equipos.
"Es una medida apropiada para desacelerar esta práctica que pone en peligro a todos los santafesinos", destacó Orciani. La visibilidad que los medios de comunicación otorgaron a las primeras imputaciones y cobros de multas habría funcionado como un efecto contagio inverso, donde el temor a la sanción penal y civil frena la "travesura" o el delito informático.
A pesar de esta tendencia positiva, la complejidad del problema persiste. De los 404 casos registrados, menos del 20% han derivado en identificaciones positivas de los autores. Esto se debe a que muchos de los mensajes se realizan a través de aplicaciones de mensajería cifrada o técnicas de enmascaramiento de IP, lo que requiere una labor coordinada con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y especialistas en ciberdelito para rastrear el origen de las amenazas.
Antecedentes y el rol de la justicia penal
El marco legal bajo el cual se actúa no se limita únicamente a lo económico. En Santa Fe, ya se han concretado imputaciones directas. Recientemente, dos jóvenes de 16 y 18 años fueron formalmente procesados por el delito de intimidación pública, un antecedente que marca un límite claro para los adolescentes que consideran estas acciones como actos sin consecuencias.
La justicia provincial trabaja bajo la premisa de que la intimidación pública no es un juego menor, sino un delito que genera angustia social y desestabiliza el orden institucional. El contexto de los últimos años, marcado por la violencia urbana en ciudades como Rosario y Santa Fe, hace que cualquier amenaza de tiroteo sea tomada con la máxima seriedad, evitando subestimar los riesgos potenciales.
El objetivo final del Ministerio es alcanzar una tasa de incidencia nula, aunque reconocen que el camino será largo. Por el momento, la combinación de tecnología de rastreo, sanciones pecuniarias a los tutores y la difusión pública de las consecuencias legales parece ser la fórmula que está logrando quebrar la tendencia alcista de un problema que, hasta hace semanas, parecía fuera de control.
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