El Senado de la provincia de Santa Fe tratará este jueves el proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios en todo el territorio provincial. La iniciativa, que cuenta con el impulso del bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, propone modificar el Código de Faltas para dotar a la Policía y a la Justicia de herramientas directas para intervenir en la vía pública sin necesidad de una denuncia previa.
Un marco legal contra "la industria del apriete"
El proyecto, elaborado por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, surge como respuesta a la creciente conflictividad en ciudades como Rosario, Santa Fe y Rafaela. Según el legislador, la actividad ha mutado de ser una estrategia de supervivencia informal a una estructura organizada con matices violentos. “Lo que empezó como una changa después de la crisis de 2001 terminó convirtiéndose en otra cosa: una industria del apriete, disputas territoriales y amenazas”, sentenció Seisas.
La normativa establece la prohibición de cualquier servicio de cuidado, reserva o administración de espacios de estacionamiento en la vía pública que no cuente con autorización municipal y exija una retribución económica. La medida no solo abarca a los vehículos estacionados, sino que también incluye a quienes realizan tareas de limpieza de vidrios en los semáforos, unificando el criterio de control en todo el espacio público santafesino.
Sanciones y el regreso del arresto contravencional
Uno de los puntos más debatidos de la reforma es el endurecimiento de las penas. El texto propone la incorporación de nuevos artículos a la Ley 10.703 (Código de Faltas), estableciendo un esquema de sanciones progresivas que buscan desalentar la permanencia en la actividad.
Multas económicas: Se prevén sanciones que oscilan entre las 10 y 50 unidades fijas.
Arrestos: En casos de reincidencia o cuando se compruebe la existencia de organizaciones coordinadas, se contemplan penas de arresto de 5 a 15 días.
Agravantes: Las penas serán más severas si la actividad se desarrolla cerca de eventos masivos (como estadios de fútbol o recitales), en zonas con estacionamiento medido oficial o si se utilizan amenazas para el cobro.
Reinserción laboral y el rol de los municipios
Para evitar que la ley sea leída únicamente desde una perspectiva punitiva, la iniciativa contempla la creación del Registro de Cuidadores Irregulares de la Vía Pública (ReCuid). Este padrón tiene como objetivo identificar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad extrema para derivarlas a programas de formación técnica en oficios y empleo formal.
El Estado provincial también prevé un incentivo para el sector privado: financiará durante un año el 60% del salario mínimo para aquellas PyMEs que contraten por tiempo indeterminado a personas inscriptas en el ReCuid. "No se trata de esconder el problema debajo de la alfombra, sino de enfrentarlo con autoridad y oportunidades", remarcó Seisas. De obtener la media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva en las próximas semanas.
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