En la puerta del Congreso, manifestantes de Greenpeace realizaron una intervención contra la reforma de la Ley de Glaciares
Una mañana de extrema tensión se vivió este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Activistas de Greenpeace protagonizaron una sorpresiva protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional, lo que derivó en un operativo policial con 12 ambientalistas detenidos. La controversia escaló cuando efectivos de la Policía Federal agredieron y detuvieron a un camarógrafo del canal A24 que cubría los incidentes.
Una intervención que terminó con incidentes y detenidos
La acción comenzó a las 9:49, cuando un grupo de activistas vulneró el perímetro de seguridad y saltó las rejas del Palacio Legislativo. Vestidos con traje y corbata para simular ser legisladores, realizaron una performance sentados sobre inodoros de papel con el lema "Senadores, no se caguen en el agua". La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata: se utilizó gas pimienta para dispersar la zona y se detuvo a una docena de militantes bajo cargos de resistencia a la autoridad.
La violencia no discriminó a la prensa. Durante el operativo, el camarógrafo Facundo Tedeschini, de A24, fue golpeado y trasladado a una dependencia policial mientras realizaba su trabajo. “Estar de vacaciones no significa desaparecer por completo: el tema es ponernos límites”, relató Luis Novaresio en Radio 2, citando el clima de hostilidad que sufrieron los cronistas presentes por el uso de aerosoles irritantes.
El eje del conflicto: ¿Qué se vota en el Senado?
La disputa de fondo es técnica y ética. El oficialismo negocia a contrarreloj para modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que actualmente prohíbe de forma absoluta la actividad extractiva en glaciares y ambientes periglaciales. El nuevo proyecto busca redefinir estos conceptos para permitir la minería en áreas que no sean consideradas "hídricamente relevantes", otorgando además mayor autonomía a las provincias sobre sus recursos.
Desde las organizaciones ambientales advierten que esta "flexibilización" es una concesión directa a las grandes empresas mineras. “La ley de glaciares no se toca. Vamos a estar resistiendo hasta que la salvemos”, expresaron desde Greenpeace. Para los ecologistas, cualquier intervención en suelos congelados pone en riesgo las reservas críticas de agua dulce del país, especialmente en la zona cordillerana de Cuyo y el NOA.
Negociaciones políticas y el futuro de la normativa
En el plano legislativo, el Gobierno intensificó el diálogo con gobernadores de provincias mineras como Salta, Catamarca y San Juan. Estos mandatarios ven en la reforma una oportunidad para destrabar inversiones millonarias hoy frenadas por las restricciones ambientales. Sin embargo, la paridad en el Senado convierte cada voto en una pieza decisiva para el futuro del ecosistema andino.
La sesión de este jueves 26 de febrero define si Argentina prioriza la generación de divisas y la atracción de inversiones mineras o si mantiene el estándar de protección actual. Mientras tanto, la conflictividad en las calles refleja una fractura social profunda: el costo político de una reforma que, para sus detractores, legalizaría la destrucción de reservas estratégicas de agua bajo el pretexto del desarrollo económico regional.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.