La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, ha marcado un punto de inflexión en el debate sobre el cuidado de vehículos en la vía pública. En declaraciones recientes, la funcionaria endureció su postura frente a las extorsiones protagonizadas por los denominados "trapitos", argumentando que la situación ha escalado a niveles que superan las normativas municipales vigentes y demandan una respuesta penal.
De la contravención al delito penal
Históricamente, la actividad de los cuidacoches no autorizados ha sido tratada bajo el espectro de las contravenciones y el Código de Convivencia local. Sin embargo, Schmuck sostiene que el escenario actual requiere una reinterpretación legal urgente. Según su visión, cuando existe una exigencia de dinero bajo coacción o amenaza —velada o explícita— hacia los automovilistas, el acto deja de ser una simple falta administrativa para configurarse técnicamente como un delito de extorsión.
Esta distinción es fundamental, ya que desplaza la competencia desde los tribunales de faltas municipales hacia la justicia penal provincial. La presidenta del Concejo enfatizó que el accionar de estos grupos, especialmente en zonas de alta concurrencia o durante eventos masivos, coarta la libertad de los ciudadanos y pone en jaque la seguridad pública.
Herramientas más severas para el control
El reclamo de Schmuck apunta directamente a dotar a las fuerzas de seguridad y a los fiscales de herramientas legales más severas y efectivas. La intención es que la policía cuente con el respaldo normativo necesario para actuar con mayor contundencia ante la flagrancia de la extorsión en la calle, facilitando detenciones y procesos judiciales que no concluyan en una liberación inmediata.
La funcionaria subrayó la necesidad imperiosa de recuperar el control del espacio público para los vecinos de Rosario, eliminando las dinámicas de miedo e intimidación que suelen rodear el estacionamiento en áreas nocturnas y de espectáculos. El planteo busca alinear las estrategias del municipio con el accionar del Ministerio Público de la Acusación para erradicar definitivamente estas prácticas delictivas.


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