Entradilla La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización masiva hacia el Congreso de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Pese a la presión de los sectores más duros, la cúpula sindical decidió no convocar a un paro general, apostando por una demostración de fuerza en las calles.
El plan de lucha de la central obrera
Tras una extensa reunión de su Consejo Directivo, la central obrera definió que la prioridad actual es visibilizar el descontento social frente a las modificaciones en los convenios colectivos. La marcha busca presionar a los legisladores antes del tratamiento de la normativa en el recinto.
Los líderes sindicales argumentan que el proyecto oficialista vulnera derechos adquiridos y precariza las condiciones de contratación. Sin embargo, la decisión de evitar una huelga nacional responde a la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos con diversos sectores políticos.
Por qué la CGT decidió evitar el paro
La resolución de no ir a un paro total de actividades refleja una interna estratégica dentro de la organización. Mientras que los gremios del transporte y sectores combativos exigían una medida de fuerza inmediata, los sectores "gordos" e independientes prefirieron la cautela.
"No es el momento de un paro general, vamos a llevar nuestro reclamo al lugar donde se deben discutir las leyes", señalaron fuentes cercanas a la conducción. Esta postura busca evitar un desgaste temprano con la opinión pública en un contexto económico de alta fragilidad.
Impacto político y debate en el Congreso
La movilización representa el primer gran desafío callejero del año para el Ejecutivo nacional. La CGT busca aglutinar no solo a sus afiliados, sino también a movimientos sociales y sectores de la oposición que se oponen a la desregulación del mercado de trabajo.
El impacto de esta medida se medirá en la capacidad de los sindicatos para influir en los bloques legislativos dialoguistas. De la masividad de la marcha dependerá, en gran parte, la fuerza con la que los representantes gremiales se sienten a negociar posibles cambios en la letra chica de la ley.
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