En un giro que posiciona a España en la vereda opuesta a las políticas restrictivas de otras potencias occidentales, el Gobierno socialista promulgó un decreto que permitirá a cientos de miles de migrantes indocumentados acceder a permisos de residencia temporal. La medida, que entrará en vigencia en los próximos meses, apunta a integrar a una población que ya reside en el país y es fundamental para sectores clave de la economía como la agricultura y el turismo.
Requisitos y plazos para la obtención de residencia
La nueva normativa establece criterios específicos para quienes deseen normalizar su situación. Según el decreto, los solicitantes deberán demostrar que ingresaron al territorio español antes de diciembre de 2025 y que han mantenido una residencia continua de al menos cinco meses.
El periodo para presentar las solicitudes será acotado: el trámite solo podrá realizarse entre los meses de abril y junio de 2026. Quienes cumplan con los requisitos recibirán un permiso de residencia y trabajo por un año, con posibilidad de renovación, siempre que no posean antecedentes penales.
Un contrapeso al endurecimiento migratorio internacional
La decisión de Madrid llega en un momento de tensión global respecto a las políticas fronterizas. Mientras países como Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, o naciones europeas como Grecia e Italia endurecen sus controles y aumentan las deportaciones, España apuesta por la regularización.
“En el contexto internacional actual, donde los discursos antimigratorios han ido ganando fuerza, la decisión de España abre la línea del contrapeso a esta tendencia”, explicó Cecilia Estrada Villaseñor, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas.
Impacto económico y críticas de la oposición
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, defendió la iniciativa asegurando que tendrá un impacto positivo en la “convivencia, en el bienestar y también en la economía”. Se estima que en España viven entre 500.000 y un millón de personas en situación irregular, un capital humano que el Gobierno busca formalizar.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de fuertes cruces políticos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la oportunidad del anuncio, mientras que desde la formación de extrema derecha Vox calificaron la iniciativa como una "invasión" y adelantaron que impugnarán el decreto ante la Corte Suprema de España.
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