El Concejo Municipal de Rosario comenzó a tratar una iniciativa que busca implementar un protocolo de actuación para el mantenimiento de la libre circulación ante manifestaciones sociales. El proyecto, impulsado por el bloque de La Libertad Avanza, pretende establecer la "tolerancia cero" a los cortes de calles, alineando la normativa local con las políticas de seguridad implementadas a nivel nacional.
La búsqueda del orden en el espacio público
La propuesta fue ingresada al Palacio Vasallo por los concejales Samanta Arias y Lautaro Enriquez. El eje central es que toda protesta en el ejido urbano deba realizarse exclusivamente sobre aceras, plazas o paseos, sin interrumpir el tránsito vehicular ni afectar el funcionamiento de semáforos, bicisendas o carriles exclusivos de transporte.
"No se trata de oponernos a las manifestaciones, lo que no puede pasar es que corten el tránsito", afirmó la concejala Arias. Según la edila, el objetivo es replicar la lógica de control que el Ministerio de Seguridad de la Nación aplicó en los últimos dos años, buscando que Rosario sea un ejemplo de convivencia y orden público.
Detalles del protocolo y excepciones
El texto del proyecto estipula que los inspectores municipales de la Secretaría de Control y Tránsito, junto a la policía provincial, tendrán la facultad de intimar a los manifestantes para liberar la calzada de forma inmediata. En caso de que la indicación sea desoída, la normativa prevé el auxilio de la fuerza policial para proceder al despeje físico de la arteria.
Sin embargo, el documento contempla algunas excepciones:
Eventos autorizados: Manifestaciones que cuenten con permiso previo del municipio para el uso del espacio público.
Cuestiones de magnitud: Si la cantidad de personas hace imposible permanecer en la vereda, los agentes podrán encauzar el desplazamiento por un solo carril o media calzada.
Prohibiciones ambientales: Se veta explícitamente la quema de neumáticos o sustancias tóxicas, lo que derivará en denuncias penales por daño ambiental.
El debate por la legalidad y el contexto nacional
La iniciativa llega al Concejo en un momento de fuerte debate judicial sobre la Resolución 943/2023, la norma nacional en la que se inspira este proyecto local. Aunque recientemente hubo fallos que cuestionaron su constitucionalidad, las autoridades de Seguridad sostienen que el protocolo sigue vigente al no estar firme la sentencia.
Para los impulsores de la medida en Rosario, el impedimento de la circulación no es solo una falta al Código de Convivencia local, sino un delito tipificado en el Código Penal. El proyecto será analizado ahora en las comisiones de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, donde se definirá si la ciudad avanza hacia una regulación más restrictiva de la protesta social.
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