En un movimiento que redefine el esquema de seguridad nacional, el Gobierno oficializó este viernes una profunda reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida central del decreto faculta a los agentes a realizar detenciones, una decisión que ya despertó alertas en el arco jurídico.
El nuevo rol de los agentes y la facultad de detención
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, el presidente Javier Milei incorporó el artículo 10 nonies a la Ley 25.520. Esta modificación permite que los agentes de la SIDE procedan a la "aprehensión de personas" ante delitos en flagrancia o como parte de tareas de auxilio judicial.
Aunque la norma establece que se debe dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, la concesión de poder operativo a los espías marca un quiebre con la tradición democrática. Además, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) contarán ahora con seguridad propia, quedando facultados para "repeler o hacer cesar agresiones" que interfieran con sus misiones.
Reestructuración y lucha contra el crimen organizado
El plan oficial busca modernizar la estructura para enfrentar amenazas como el narcotráfico y la venta ilegal de armas. En este sentido, el Gobierno disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar la superposición de funciones, trasladando sus tareas al Estado Mayor Conjunto.
Dentro de este nuevo organigrama, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC). Por su parte, la División de Asuntos Internos se transformará en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), con el objetivo de auditar y controlar el desempeño de los agentes bajo la nueva órbita.
Advierten por posibles planteos de inconstitucionalidad
La reacción de especialistas no se hizo esperar. El abogado constitucionalista Benito Aphalo cuestionó la validez legal del decreto, asegurando que la reforma "ronda la inconstitucionalidad por la afectación a la libertad" de los ciudadanos. Según el experto, la medida habilita un escenario de riesgo institucional.
"Ahora va a haber gente armada, investigando y deteniendo sin control judicial", advirtió Aphalo en declaraciones radiales. El docente de la UNR subrayó que cambios de esta magnitud deberían ser tratados por el Congreso y no descartó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deba intervenir ante posibles presentaciones judiciales.
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