El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, encendió una luz de alerta sobre el ambicioso paquete de reforma laboral que el gobierno de Javier Milei planea impulsar en sesiones extraordinarias. El máximo magistrado advirtió que la aprobación de los cambios podría abrir un extenso frente judicial y quedar sujeta a revisión durante meses o incluso años.
Rosatti recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad, al ser "difuso", permite que cualquier juez del país declare la invalidez de una ley. Esta situación podría trabar la aplicación práctica de la reforma en distintos juzgados, generando un escenario de incertidumbre hasta que la Corte Suprema logre unificar criterios de manera definitiva.
⚖️ El riesgo de la "judicialización" prolongada de la reforma
La principal preocupación planteada por el titular del máximo tribunal radica en la posibilidad de un aluvión de litigios que suspendan la aplicación de la nueva ley en distintos puntos del territorio nacional. Aunque la Corte eventualmente ordenaría la jurisprudencia, el proceso es inherentemente lento.
"El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso", explicó Rosatti. Y precisó que, si bien la Corte puede "ordenarlo" con una jurisprudencia, "lógicamente lleva su tiempo". Esto significa que la reforma podría enfrentar fallos contradictorios a lo largo del país, creando un verdadero limbo legal.
Rosatti recordó que este escenario ya se vivió con la anterior versión de la reforma laboral contenida en la Ley Bases, la cual fue declarada inconstitucional por un juez del fuero laboral y aún no tiene una resolución definitiva de la Corte. En ese marco, ratificó que el sistema vigente "no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad".
🧐 El debate sobre la necesidad de unificar criterios judiciales
El presidente de la Corte también se refirió a la posibilidad de que el Congreso intente incorporar en la ley una cláusula que obligue a los tribunales inferiores a acatar de inmediato los fallos del máximo tribunal. Rosatti señaló que, si bien es una potestad legislativa, esa norma también sería cuestionada.
"Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?", explicó. El magistrado concluyó que solo si la Corte valida la constitucionalidad de dicho mecanismo, se podría evitar la repetición constante de los mismos litigios.
El impacto práctico del sistema actual quedó expuesto por un dato duro: "El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es", afirmó. Para Rosatti, la solución no es solo ideológica, sino funcional: evitar que reformas clave queden empantanadas en un extenso y evitable laberinto judicial.
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