El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que el proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei buscará aprobar en sesiones extraordinarias del Congreso no incluye, por el momento, cambios que impacten directamente en las cajas sindicales ni en el régimen de aportes obligatorios. La aclaración busca descomprimir la tensión con los referentes gremiales en medio de las negociaciones parlamentarias.
La estrategia de la "segunda ley" para el cambio sindical
Durante una rueda de prensa, Adorni anticipó que el Ejecutivo decidió segmentar su agenda de cambios. Las modificaciones más profundas al régimen sindical quedarán para más adelante.
El funcionario fue explícito al indicar que “las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley”, por lo que “en principio no habría modificaciones” en la iniciativa que ingresará al Parlamento.
Consultado específicamente sobre si la primera ley alteraría los aportes obligatorios, Adorni sostuvo con firmeza: “Los aportes obligatorios son obligatorios, pero no, en principio no va a haber modificaciones”. Este punto era crucial para la Confederación General del Trabajo (CGT).
El proyecto laboral, listo para el debate
El jefe de Gabinete aseguró que el texto de la reforma laboral está completamente terminado y listo para su tratamiento legislativo. El Gobierno busca dar una señal rápida a los mercados y al sector productivo.
El objetivo central del Ejecutivo es impulsar un cambio que, según Adorni, permita combatir la alta tasa de empleo informal. “El proyecto de ley está terminado. Por supuesto que va a ir a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”, afirmó.
Diálogo con la CGT y tiempos legislativos
Respecto a la relación con los sindicatos, el portavoz minimizó la ausencia de representantes gremiales en el reciente encuentro del Consejo de Mayo. Adorni explicó que la falta de participación se debió a cuestiones logísticas y no a un quiebre en el diálogo con la CGT.
En cuanto a los plazos, el Gobierno reconoce que la aprobación de la reforma podría exceder el cronograma de sesiones extraordinarias si no se logra un acuerdo antes de fin de año. El trámite podría llevar a estirar la actividad parlamentaria o retomarse a mediados de enero, dependiendo de la "técnica legislativa" y las negociaciones.
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