Tras una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró obtener la media sanción del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Sin embargo, la jornada terminó con un sabor agridulce para La Libertad Avanza (LLA), que sufrió una derrota política clave al no poder sostener el financiamiento universitario ni la derogación de leyes de discapacidad.
La iniciativa fue aprobada en términos generales con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones. Para alcanzar este número, el Gobierno contó con el respaldo de sus aliados habituales del PRO, un sector de la UCR, Innovación Federal y diversas fuerzas provinciales. Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda mantuvieron su rechazo cerrado.
El rechazo al Capítulo 11: un golpe a la estrategia oficialista
El punto de quiebre se produjo durante la votación en particular del polémico Capítulo 11. Allí se encontraba el artículo 75, una pieza central del Ejecutivo que buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. La oposición logró bloquear este apartado con 123 votos negativos frente a 117 positivos, lo que desató festejos en las bancadas opositoras.
La estrategia de concentrar diversas reformas bajo un mismo capítulo terminó siendo contraproducente para el Gobierno. Al intentar forzar un paquete cerrado, la resistencia de bloques intermedios y de la oposición dura terminó por voltear medidas que el oficialismo consideraba fundamentales para su esquema de ahorro fiscal y gestión de recursos.
Como consecuencia de esta caída, también quedaron en el camino otros puntos sensibles. Entre ellos, se destacan la restricción del régimen de "zona fría" y el fin de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares, facultades que el Ejecutivo pretendía modificar a través del texto presupuestario.
El impacto en la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura
El revés parlamentario tuvo daños colaterales para el PRO, socio estratégico del Gobierno en la votación general. Debido a que se votó negativamente todo el capítulo, se perdió la modificación que garantizaba el cumplimiento de los pagos por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, tal como había dispuesto la Corte Suprema de Justicia.
Del mismo modo, se anuló la transferencia de 21.347 millones de pesos desde el Máximo Tribunal hacia el Consejo de la Magistratura. Estos puntos habían sido incorporados a último momento para asegurar el acompañamiento de fuerzas aliadas, pero la derrota en el articulado particular dejó sin efecto estos compromisos económicos y políticos.
Un escenario de debilidad frente al conflicto universitario
Este resultado marca un hito en la relación del Ejecutivo con el Congreso. Según fuentes parlamentarias, "es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad", si se tiene en cuenta la sanción de las leyes originales y el intento fallido de sostener el veto presidencial.
Ahora, el proyecto de Presupuesto 2026 será girado al Senado, donde el oficialismo deberá renegociar las partidas sin las herramientas de ajuste que perdió en la Cámara Baja. La derrota en los temas de alta sensibilidad social expone los límites del consenso parlamentario que el Gobierno puede construir para el próximo año electoral.
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