El intendente de Rosario, Pablo Javkin, elevó un nuevo pedido al Concejo Municipal para extender las facultades delegadas que le permiten definir el precio del boleto de colectivo. La solicitud se presenta ante el inminente vencimiento de la potestad que el Ejecutivo utiliza desde hace años para administrar el valor del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).
En el expediente, que ya ingresó a las comisiones de Servicios Públicos y Presupuesto, se solicita que la delegación rija hasta enero del año 2027, con una opción de prórroga automática por un año adicional. Los ediles comenzaron el análisis este lunes.
💼 Los Argumentos del Ejecutivo y la "Seguridad Jurídica"
El Ejecutivo municipal argumenta que esta delegación es una "herramienta necesaria y adecuada" para sostener el plan de mejora del sistema. El objetivo es proporcionar "claridad al usuario" y, fundamentalmente, "brindar seguridad jurídica a los operadores" del servicio.
Según el mensaje de Javkin, la potestad de fijar el boleto "facilita la planificación financiera, la inversión y la prestación del sistema". Esto permite al Municipio reaccionar con agilidad ante la inestabilidad de costos, especialmente después de los recientes aumentos en combustibles y servicios.
El Contexto de la Emergencia y el Último Aumento
El Concejo rosarino ya había aprobado en febrero de 2024 una declaración de emergencia en el TUP. Esa norma facultó al intendente a aplicar incrementos de hasta el 90% del precio real que arrojara el estudio de costos, y regía por un año con posibilidad de prórroga.
La última actualización tarifaria se concretó el pasado 4 de agosto, cuando el boleto básico del colectivo en Rosario ascendió a $1.580, lo que representó una suba del 31,67% respecto al valor anterior. La ciudad se rige, además, por el "Boleto Federal", que busca unificar tarifas con urbes como Córdoba.
En las últimas sesiones del 2025, el Concejo debe definir si mantiene la delegación de esa potestad, vital para la gestión del servicio de transporte. El expediente continuará en tratamiento en la comisión de Servicios Públicos. Si no se extiende, la potestad de fijar la tarifa volvería al cuerpo legislativo.
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