Bolivia ha dado un paso histórico en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia al aprobar una ley que prohíbe de manera absoluta el matrimonio de menores de 18 años. La Cámara de Diputados sancionó este miércoles una normativa que elimina las excepciones del antiguo Código de las Familias, que permitía a jóvenes de 16 y 17 años contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres. Este logro es considerado un avance fundamental en la lucha contra la vulneración de los derechos de los más jóvenes.
Un Problema de Gran Magnitud y sus Consecuencias
El problema del matrimonio y las uniones tempranas en Bolivia es de una magnitud enorme. Entre 2014 y 2024, la Defensoría del Pueblo registró más de 4,800 matrimonios de adolescentes de 16 y 17 años, a los que se suman 487 matrimonios de niñas menores de 15 años, según datos del Servicio de Registro Cívico. La senadora Virginia Velasco señaló que la excepción en la ley anterior fue el principal problema, pues a pesar de la prohibición hasta los 18 años, la puerta de entrada a los matrimonios infantiles se mantenía abierta.
La experta en protección de la niñez, Jimena Tito, de la organización Save the Children, destaca que la problemática va más allá del matrimonio legal. Casi el 3% de las niñas bolivianas, unas 32,000 menores, han contraído una unión libre o concubinato antes de los 15 años. Estas uniones, aunque ilegales, exponen a las menores a una serie de delitos graves, como violencia sexual, embarazos infantiles, violación y trata de personas. El Ministerio de Salud de Bolivia reportó más de 458,000 embarazos en niñas y adolescentes entre 2015 y 2023.
Un Logro Impulsado por la Lucha y la Concienciación
La senadora Virginia Velasco, inspirada por la historia de una joven de 14 años obligada a casarse, impulsó el proyecto de ley desde 2022 con el apoyo de numerosas organizaciones de derechos humanos. Velasco, quien también fue ministra de Justicia, describe el proceso como una "lucha que dimos unidas, cayéndonos y levantándonos". Con la aprobación unánime de 87 diputados, la ley solo espera la promulgación del presidente Luis Arce.
Según las especialistas, la naturalización de estas prácticas por la sociedad es un factor clave. "Puede haber una vinculación con lo económico, puede haber una vinculación con lo indígena, pero la vinculación más grande que existe es la naturalización de esta problemática", explicó Tito. Padres pueden avalar estos matrimonios por acuerdos de poder, beneficio económico o simplemente por considerarlo socialmente aceptado. Este cambio legislativo alinea a Bolivia con los estándares internacionales y responde a las recomendaciones de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para las promotoras del proyecto, esta ley es solo el primer paso. El verdadero desafío comienza ahora con el trabajo de concientización en escuelas, universidades y pequeñas localidades para erradicar definitivamente estas prácticas y garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el país.
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