"Audios de Karina Milei: Justicia prohíbe difusión; Gobierno denuncia 'inteligencia ilegal' en caso de presuntas coimas en discapacidad".

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El gobierno de Javier Milei denunció una "operación de inteligencia ilegal" por la filtración de audios de su hermana, Karina Milei, y la Justicia respondió con una prohibición de su difusión. La decisión judicial fue tomada en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La Casa Rosada afirmó que la difusión de las grabaciones, en las que la secretaria general de la Presidencia se refería a supuestos manejos de poder y al funcionamiento interno del gobierno, "no fue una filtración", sino un "ataque ilegal, planificado y dirigido". El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la presentación judicial, que busca desestabilizar al país en plena campaña electoral. El propio presidente, Javier Milei, reforzó esta idea en su cuenta de X, con la frase en mayúsculas: "OPERACIÓN DE INTELIGENCIA ILEGAL".


La resolución judicial y el trasfondo del escándalo

El juez federal Alejandro Patricio Maraniello ordenó, mediante una medida cautelar, que los medios de comunicación cesen la difusión de los audios de Karina Milei, argumentando que se trata de una "violación grave a la privacidad institucional" y no un asunto de "libertad de expresión".

Este nuevo capítulo se suma a la controversia desatada la semana pasada, cuando salieron a la luz audios del exfuncionario Diego Spagnuolo que mencionaban supuestos sobornos para la compra de medicamentos en la ANDIS, vinculando a la droguería Suizo Argentina con los hermanos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem. La denuncia del Ejecutivo busca correr el foco hacia una supuesta maniobra de espionaje contra la gestión de Milei.

En los audios de la secretaria general de la Presidencia, publicados por el periodista Mauro Federico, no se hace mención a la causa judicial ni a la ANDIS. Sin embargo, se la escucha hablar sobre la necesidad de "estar unidos" y sobre su extensa jornada laboral. Por otro lado, los registros de Spagnuolo detallaban cómo supuestamente se exigían porcentajes de coima (del 5% al 8%) para la compra de medicamentos, con la participación de la droguería y con el dinero supuestamente "subido a Presidencia". Este escándalo, que entrelaza acusaciones de corrupción y espionaje, representa una de las mayores crisis políticas que enfrenta el actual gobierno.

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