Cuatro exdirectivos de la agroexportadora Vicentin, Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze, recuperaron su libertad bajo fianza este viernes, tras una decisión del juez de Cámara de Rosario, Gustavo Salvador. A pesar de la excarcelación, los imputados seguirán siendo investigados por el presunto desvío de fondos de la empresa para cubrir gastos personales.
Los exjerarcas de la cerealera habían sido detenidos en marzo de este año, acusados de liderar una asociación ilícita que incluía a otros 15 miembros. Su detención se produjo tras una serie de 20 allanamientos simultáneos en la región y en Buenos Aires, en el marco de la causa por vaciamiento y estafas contra la agroexportadora.
La resolución del juez Salvador se dio después de una audiencia de revisión solicitada por la defensa de los acusados, quienes cuestionaron los fundamentos de la prisión preventiva por 120 días dictada en primera instancia. La Cámara de Apelaciones de Rosario dictaminó la excarcelación de los cuatro exdirectivos a cambio de una fianza individual de 1 millón de dólares.
Aun cuando recuperaron su libertad, la causa judicial por delitos financieros se mantiene firme. Los imputados enfrentan ahora una serie de restricciones, incluyendo la prohibición de contacto con otros integrantes de la empresa y con los acreedores, así como la imposibilidad de salir del país.
La "Causa Vicentin" se originó a partir de una denuncia de la fiscalía en diciembre de 2023. Los fiscales sostienen que, antes de la cesación de pagos de Vicentin, se habría conformado una asociación ilícita con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera a productores y bancos, buscando así obtener más dinero y mercadería. Esta organización, según la acusación, habría continuado operando incluso después del default y del cambio formal de directorio, con el objetivo de consolidar el delito.
Mediante diversas maniobras imputadas como administración fraudulenta, entre finales de 2019 y fines de 2024, los cuatro exdirectivos habrían sido responsables de una erosión del patrimonio de la concursada por 890 millones de pesos actualizables, lo que equivale a unos $6 mil millones a valores actuales. Según la fiscalía, estas maniobras se habrían llevado a cabo debido a la vinculación de los exdirectivos detenidos con la estructura del directorio que surgió después de la crisis de pagos de diciembre de 2019.
Si bien el juez Salvador no revocó las imputaciones, habilitó la excarcelación a cambio de una caución económica de 1 millón de dólares. Hasta el momento, la fiscalía no ha informado si apelará o no el fallo de la Cámara.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.