Tensiones en la frontera: Salta defiende el cerco mientras Bolivia cuestiona la medida

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Agentes de Gendarmería Nacional apostados en la frontera entre la Argentina y Bolivia. (Foto: gobierno de Salta)

En medio de un creciente enfrentamiento diplomático, el interventor del municipio de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, defendió la instalación de un cerco de 200 metros en la frontera entre Argentina y Bolivia, argumentando que la medida busca controlar el contrabando y regularizar la circulación de personas entre ambos países. La instalación del alambrado, parte del Plan Güemes, también tiene como objetivo fortalecer la seguridad en la zona y evitar el paso ilegal de personas.

Zigarán criticó duramente al gobierno boliviano por lo que consideró una "mala información", explicando que la decisión de colocar el alambrado es una respuesta a un descontrol que había en la zona, donde la migración no estaba siendo correctamente registrada. "Para mí están mal informados, no entiendo por qué", afirmó el funcionario, quien recordó que en Aguas Blancas se encuentran dos pasos fronterizos, uno por el puente internacional y otro por el puerto Chalana, pero la presencia de personal de migraciones de Bolivia es limitada. 

Mientras tanto, desde la Cancillería de Bolivia expresaron su preocupación, destacando que "los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados", y advirtieron que cualquier medida unilateral podría "afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos".

Bolivia manifestó su preocupación por el anuncio del Gobierno de la instalación de un cerco en la frontera. (Foto: X @RadarInt_)

El cerco de alambre, cuya instalación está prevista en la localidad salteña de Aguas Blancas, se extenderá desde la terminal de micros hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas, con el objetivo de evitar el paso ilegal hacia Bolivia y contrarrestar el contrabando. Este alambrado es una medida preventiva dentro del plan de seguridad que involucra tanto a las autoridades provinciales como nacionales. En este contexto, el gobierno de Bolivia, a través de su Ministro de Justicia, César Siles, manifestó que la medida "iría en contra de los tratados internacionales", y expresó la esperanza de que se tratara solo de un anuncio.

El plan, que también incluye el despliegue de efectivos de fuerzas federales y refuerzos en puntos críticos como el río Bermejo, busca frenar los delitos federales en la región, especialmente en áreas estratégicas por su conexión con Bolivia. Además, el Plan Güemes tiene como objetivos la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, fortaleciendo el control fronterizo y mejorando las capacidades de análisis criminal.

En cuanto a la instalación del cerco, Zigarán explicó que el alambrado de 200 metros de largo y 2,5 metros de alto tiene la finalidad de regular el paso de personas, y no permitir que quienes lleguen a la localidad de Aguas Blancas crucen la frontera sin pasar por los controles migratorios establecidos. "Este alambrado es a raíz de eso, evitar que la gente salga por cualquier lado, poner un poco de orden en un lugar, repito, donde entraban y salían por cualquier lado", explicó el interventor.

En respuesta a las críticas internacionales, el gobierno de Salta subrayó que la medida no solo busca ordenar la circulación, sino también contribuir a la seguridad en la zona, cuya situación había sido desbordante, con un aumento en la población flotante de hasta 15.000 personas en un pueblo de solo 3.000 habitantes.

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