El Gobierno argentino ha comenzado el despliegue de 300 agentes de seguridad a la Triple Frontera, una zona crítica por las filtraciones que vinculan a organizaciones criminales, especialmente del narcotráfico. A este operativo se podría sumar la cooperación de las Fuerzas Armadas para fortalecer los controles, medida que se encuentra bajo evaluación tras la reciente aprobación de decretos que permiten su intervención en conflictos con actores no estatales.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo señala que el domingo pasado se produjo un enfrentamiento con una organización criminal, lo que resultó en un suboficial herido. "Queremos arrancar a poner ojos en la frontera, que entendemos que toca muchos intereses", señalaron desde la Casa Rosada, destacando la importancia de reforzar la seguridad en esta estratégica región.
El operativo comenzará en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en Misiones, y se ampliará a Puerto Iguazú, con un aumento en el número de efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. También se evalúa la posibilidad de incluir a las Fuerzas Armadas, bajo las facultades otorgadas por el decreto 1112/24, que las habilita a combatir amenazas de organizaciones no estatales como el narcotráfico y el terrorismo.
El Gobierno envía a 300 agentes a la triple frontera y evalúa sumar cooperación de las Fuerzas Armadas (Foto: X/ @GAFrancosOk).
El gobierno busca contrarrestar la creciente violencia vinculada al narcotráfico en la región, como el reciente robo de armamento en el destacamento de Eldorado, Misiones, donde se perdieron fusiles y escopetas, y se registró el asesinato de un oficial. Además, se pretende aumentar la cooperación entre las agencias de inteligencia de Argentina, Paraguay y Brasil para prevenir la infiltración de bandas criminales.
Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una serie de medidas, incluyendo la construcción de un alambrado en la frontera norte con Bolivia, y el impulso de una reforma migratoria que restringe la entrega de residencias a extranjeros para evitar la instalación de inmigrantes ilegales en el país.