El Gobierno exigirá informes trimestrales sobre las contrataciones en el Estado

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rodeado por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. (Foto: NA)

El Gobierno nacional, a través de la disposición administrativa 3/2025, oficializó la prórroga del Presupuesto 2025, estableciendo mecanismos de control sobre el crecimiento de la planta estatal. Según indicaron fuentes oficiales, las jurisdicciones y entidades de la administración pública deberán remitir trimestralmente “la información correspondiente a la evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza, modalidad de implementación y cualquiera sea su fuente de financiamiento” a la Secretaría de Hacienda, liderada por Carlos Guberman.

Esta medida, que responde a las críticas recibidas en el Congreso, también establece que los organismos públicos deberán justificar cada nuevo cargo con un análisis de costos y financiamiento presupuestario. Además, cualquier modificación en los convenios colectivos de trabajo estatal requerirá la aprobación presidencial, previa intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Secretaría de Hacienda.

"Motosierra profunda" y ajuste estatal
El presidente Javier Milei ya había anticipado estas medidas en entrevistas recientes, señalando que 2025 marcaría una etapa de ajustes más profundos en la administración pública. “Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas. No es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía”, expresó el mandatario.

Puertas adentro del Palacio de Hacienda, encabezado por Luis Caputo, se señaló que estas disposiciones buscan mantener un control estricto sobre la planta estatal y alinearse con el objetivo de reducción del gasto público.

Detalles de la prórroga presupuestaria
La prórroga del Presupuesto 2025 incluye proyecciones de ingresos totales por $88,01 billones, lo que implica una caída nominal de $1,96 billones respecto al cierre de 2024, ajustado por inflación, una variación del -26,7% interanual. Esta reducción responde en parte al fin del impuesto País, aunque se prevé un aumento en los aportes a la Seguridad Social.

En cuanto a los gastos, se proyectan en $94,57 billones, una disminución nominal de $1,51 billones (-26,3% interanual). Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), “la reducción del Gasto Total en términos nominales pone en evidencia que no será factible asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios”.

Con esta estrategia, el Gobierno busca consolidar su plan de austeridad y avanzar en la reforma estructural del Estado, en línea con las políticas prometidas por el presidente Milei desde su asunción. 

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