Los abogados de Cristina Kirchner tienen previsto presentar antes del 16 de febrero un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal con la intención de que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia. La defensa de la exmandataria sostiene que la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta es arbitraria y planea argumentar que las pruebas en su contra son “inexistentes o valoradas de manera irrazonable”.
Cristina Kirchner fue condenada junto a Lázaro Báez y otros imputados por perjuicio al Estado Nacional en la causa conocida como Vialidad. Según fuentes cercanas a la defensa, también se alegará que hubo errores en la interpretación de la Constitución. Un abogado constitucionalista explicó a TN que el recurso extraordinario es clave para “plantear cuestiones como la sentencia arbitraria o la violación de la garantía del debido proceso”.
El camino judicial es complejo. La Cámara de Casación, que confirmó la condena en noviembre de 2024, deberá decidir si acepta el recurso. En caso de rechazo, los abogados de Kirchner recurrirán en queja ante la Corte Suprema, que no tiene plazos para expedirse, lo que podría prolongar la resolución por años. Desde finales de 2024, la Corte quedó integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras la salida de Juan Carlos Maqueda.
El caso Vialidad también se mezcla con el escenario político. El kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA) negocian en el Senado los pliegos de nuevos jueces y la propuesta para ampliar los integrantes de la Corte Suprema. La inclusión de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo podría configurar la Corte que revise la condena de Cristina Kirchner.
Mientras tanto, la ley de ficha limpia no ha avanzado, por lo que la expresidenta aún puede postularse a cargos políticos. Según trascendió, la causa podría llegar al máximo tribunal recién a mediados de 2025, tras la extensión del plazo otorgado por la Cámara de Casación para que las partes presenten sus recursos.
El fallo inicial del Tribunal Oral Federal N° 2, dictado en diciembre de 2022, estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Kirchner por el desvío del 80% de la obra pública en Santa Cruz. Otros condenados incluyeron a Lázaro Báez, José López y varios exfuncionarios de Vialidad, con penas que van desde tres años y medio hasta seis años de prisión.
La fiscalía, por su parte, busca no solo confirmar las condenas sino también sumar el delito de asociación ilícita contra Cristina Kirchner. El caso, que comenzó con el desvío de recursos en Santa Cruz, se ha convertido en un reflejo de la profunda intersección entre la justicia y la política en Argentina.