El gobierno de Javier Milei ha oficializado que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) se encargará de auditar las universidades nacionales, un movimiento que surge en medio de tensiones por la toma de sedes universitarias en diversas localidades del país. Este cambio, confirmado por el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, tiene como objetivo principal implementar un control interno sobre el gasto en las instituciones de educación superior, basado en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (Ley N° 24.156)
El anuncio se produce en un contexto de críticas hacia la falta de supervisión sobre los fondos asignados a las universidades. Desde el 2020 hasta 2023, se firmaron más de 300 convenios entre universidades y diversos ministerios, pero la transparencia en la ejecución de estos acuerdos ha sido cuestionada. La Sigen tiene la intención de revisar estos convenios para asegurar que los fondos sean utilizados adecuadamente
Además, la gestión actual busca revertir una resolución de la administración anterior que limitó las capacidades de la Sigen para auditar las universidades. Aunque se han establecido convenios de colaboración entre la Sigen y varias universidades, algunas, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), han optado por no participar, lo que ha generado un debate sobre la voluntad real del gobierno para implementar controles eficaces
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, también ha señalado preocupaciones sobre la cantidad de estudiantes regulares en las universidades, indicando que solo el 40,6% de ellos cumplen con los requisitos académicos, lo que añade otra capa a la discusión sobre la gestión educativa en el país
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