La Cámara de Diputados se prepara para tratar, en una sesión especial el próximo martes, un proyecto de ley destinado a combatir el crimen organizado. La iniciativa cuenta con el apoyo del oficialismo y de los bloques dialoguistas, en una clara muestra de consenso político.
Entre los puntos destacados del proyecto, se establece que las penas se agravarán no solo para quienes cometen los delitos, sino también para cualquier integrante de la organización ilícita involucrada en los crímenes.
"La Libertad Avanza" (LLA) impulsó el tratamiento de esta propuesta tras un acuerdo con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Gabriel Bornoroni, presidente de LLA, solicitó la sesión especial, donde también se debatirán temas como la implementación de la Boleta Única de Papel y el programa de regularización y entrega voluntaria de armas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un paquete de proyectos enfocados en combatir el delito, entre ellos la reducción de la edad de imputabilidad y modificaciones al Código Penal para abordar el narcotráfico y el crimen organizado.
Penas más severas para todos los miembros de las organizaciones ilícitas
Las reformas propuestas incluyen penas de entre 8 y 20 años de prisión para cualquier persona que forme parte de una asociación ilícita. "La pena por el delito más grave se aplicará a todos los miembros de la organización, simplemente por pertenecer a ella", señala el proyecto. Esto significa que aquellos que se valgan de la violencia o amenazas para cumplir los fines del grupo, o actúen de manera reiterada y en beneficio de la organización, serán castigados con las penas más altas.
También se establecen sanciones más severas para quienes cometan delitos con el propósito de "amedrentar a la población o intimidar a las autoridades".
Zonas de Investigación Especial y medidas contra el crimen transnacional
El proyecto introduce la figura de la Zona de Investigación Especial, que permitirá una respuesta más rápida y efectiva de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial ante delitos graves. En estas zonas, las fuerzas podrán detener personas por 48 horas para averiguar la comisión de delitos, o hasta 15 días si se trata de delincuencia transnacional, siempre con autorización judicial.
Además, la iniciativa otorga facultades para incautar bienes vinculados a actividades ilícitas, realizar requisas en cárceles y congelar activos de personas sospechosas de colaborar con el crimen organizado. "Los allanamientos podrán ser autorizados de urgencia por el Ministerio Público Fiscal, notificando inmediatamente a la autoridad judicial competente", se señala en el dictamen.
Asimismo, el proyecto permite interceptar comunicaciones telefónicas y digitales con orden judicial, ampliando las facultades de investigación.
Regularización y entrega voluntaria de armas
Otro punto clave de la sesión será el debate sobre la regularización de tenencias de armas. El proyecto otorga un plazo de un año para que las personas con permisos vencidos puedan renovarlos sin enfrentar sanciones penales. Además, las armas no registradas o en situación irregular deberán ser presentadas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) dentro de los 360 días de la entrada en vigor de la ley.
Finalmente, se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa de Entrega Voluntaria de Armas, permitiendo a los ciudadanos entregar armas de forma anónima a cambio de un incentivo económico. Las armas recibidas serán inutilizadas y destruidas inmediatamente.
Este proyecto de ley representa un avance importante en la lucha contra el crimen organizado, fortaleciendo las herramientas del Estado para enfrentar estas organizaciones con mayor contundencia.
