La Justicia Intima al Gobierno de Milei a Detallar el Reparto de Alimentos a Comedores en 48 Horas

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En una reciente resolución judicial, el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick ha ordenado al Ministerio de Capital Humano que en un plazo máximo de 48 horas presente un informe detallado sobre cómo garantizará la distribución de alimentos a los comedores populares. Esta decisión surge a partir de un recurso de amparo colectivo interpuesto por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intimése al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”, sostuvo Cormick en su fallo más reciente.

Esta resolución hace referencia a una medida cautelar emitida por el juez Walter Lara Correa, quien aceptó el recurso de amparo presentado por las organizaciones mencionadas para garantizar el derecho a la alimentación en los comedores comunitarios. En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para asegurar el cumplimiento de este fallo, obligando al gobierno a continuar con la entrega de alimentos.

El magistrado también ordenó que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes”. Asimismo, destacó que el Poder Ejecutivo Nacional mantiene la facultad de “reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”.

La causa tuvo sus inicios a principios de este año cuando las organizaciones denunciaron que el Gobierno había dejado de suministrar alimentos a comedores y merenderos, solicitando que se mantengan las políticas sociales vigentes. Este reclamo se transformó en un amparo colectivo que finalmente fue aprobado por el juez Lara Correa.

Con la nueva resolución de Cormick, el Gobierno de Milei enfrenta la presión de demostrar su compromiso con las necesidades alimentarias de los sectores más vulnerables, en medio de un panorama político y social cada vez más tenso.

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