El próximo miércoles, 31 de julio, la Cámara de Diputados comenzará a tratar el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo que busca reducir la edad de imputabilidad penal a los 13 años. La iniciativa será discutida en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, y Presupuesto y Hacienda, a las 12:30 en el anexo C del Congreso.
El proyecto plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
En cuanto a las sanciones, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las sanciones alternativas previstas.
Estas sanciones incluyen “la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad”.
En caso de penas privativas de libertad, estas podrán cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes. “La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en la que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, especifica el proyecto.
La normativa excluye “la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, estableciendo un plazo máximo de 20 años para las penas privativas de libertad. Además, se establece que “cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley”.
En cuanto a la reclusión, el proyecto señala que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.
Más allá del aspecto punitivo, uno de los artículos de la iniciativa establece que “la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”. Entre las medidas complementarias se incluyen “el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario”.
En los fundamentos del proyecto, se destaca que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual “genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”. Además, se señala que la edad de imputabilidad en Argentina, fijada en 16 años, es más alta que en otros países de la región como Chile, Colombia y Perú (14 años), Guatemala, Nicaragua y Uruguay (13 años), Brasil y México (12 años), y Granada y Trinidad y Tobago (7 años).
Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron el pasado 28 de junio el envío de esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años, la edad establecida en el actual régimen penal. El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.
Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires). No obstante, se estima que no será un debate sencillo, ya que es un tema que divide opiniones dentro del Congreso.
